UNA DOCUMENTACIÓN ESENCIAL PARA CONOCER EL SÁHARA OCCIDENTAL

Carlos Ruiz Miguel

Catedrático de Derecho Constitucional

Universidad de Santiago de Compostela

 
     
     

 

EL PLAN DE PAZ DEL SAHARA OCCIDENTAL,

¿VIAJE A NINGUNA PARTE? 

Juan Soroeta Liceras∗∗ 

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. EL PROCESO DE PAZ (1991-2005). III. EL ESTATUTO JURÍDICO DEL SAHARA OCCIDENTAL Y LA EXPLOTACIÓN DE SUS RECURSOS NATURALES. IV. PERSPECTIVAS DE RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO. LA INTIFADA SAHARAUI. V. ESPAÑA ANTE EL CONFLICTO SAHARAUI. VI. ANEXO. MANIFIESTO DE LOS PROFESORES ESPAÑOLES DE DERECHO INTERNACIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DEL PUEBLO DEL SAHARA OCCIDENTAL (23 DE JUNIO DE 2003).

 

I. INTRODUCCIÓN.

 

Este año se cumplen treinta desde que España abandonara a su (desdichada) suerte el territorio del Sahara Occidental. Cuando en aquel año clave de 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba la Resolución 2625 (XXV), todo parecía indicar que la población del último territorio no autónomo africano ejercería finalmente, como el resto de los territorios de este continente, su derecho a la libre determinación, y que, como señalara la Misión de la Organización que visitó el territorio en octubre de ese año, una inmensa mayoría de la población decidiría la independencia del territorio. Pese a ello, la entrega del territorio por nuestro país a Marruecos y Mauritania, materializada mediante los acuerdos tripartitos de Madrid (14 de noviembre de 1975) y su posterior ocupación por estos dos Estados, fue el punto de partida de un conflicto bélico que sólo se detuvo cuando, presionado por el enorme costo que suponía para la economía de su país, Hassan II se vio obligado a negociar con el Frente POLISARIO un Plan de Paz, cuya llegada a buen puerto era garantizada por las Naciones Unidas. En aquellos momentos, un sector del movimiento de liberación nacional saharaui consideró un grave error suspender la lucha armada para dar paso a un proceso de paz, cuando su principal garante era la ONU, una organización cuya acción desde 1975 se había limitado al ámbito del Capítulo VI de la Carta y a los trabajos de la Asamblea General y de sus órganos subsidiarios, sin que se hubiera avanzado lo más mínimo hacia una libre determinación del territorio que anualmente era reivindicada por las resoluciones de este órgano.

 

Por otra parte, a nadie se le escapaban las dificultades que entrañaba la reactivación de un proceso de libre determinación casi veinte años después de que la ola descolonizadora que modificó radicalmente el mapa político del continente africano había llegado prácticamente a su fin. Lamentablemente, el desarrollo del conflicto saharaui y la intervención de las Naciones Unidas en él parecen quitar la razón a quienes confiaron tanto en la bondad del “Plan de Arreglo”1  como en la capacidad de la Organización que lo auspiciaba, rechazando la vía de la lucha armada, una vía que –ayer como hoy- es legitimada en el caso saharaui por el ordenamiento internacional. El paso del tiempo y el contexto internacional actual no deben hacer olvidar que, a todos los efectos, el Frente POLISARIO es un movimiento de liberación nacional, reconocido por las Naciones Unidas desde 1979 como único y legítimo representante del pueblo saharaui, y por ello, legitimado para usar la fuerza contra quien, por la fuerza, impide el ejercicio de su derecho a la libre determinación.

 

Lo cierto es que casi quince años de proceso de paz han servido para demostrar con elocuencia, al menos, dos cosas. En primer lugar, que para Marruecos tal proceso no ha sido un fin, sino un medio para dilatar en el tiempo, y de forma indefinida, la posibilidad de una resolución del conflicto que pase por el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, pues es consciente, como era ya en 1975, de que una consulta popular sólo podía tener una respuesta: la independencia. En segundo lugar, que las Naciones Unidas no sólo son absolutamente incapaces de resolver el conflicto, sino que ni siquiera han conseguido acercar las posiciones de las Partes; más aún, la Organización se ha acercado de forma ostensible a las posiciones del Estado que, con luz y taquígrafos, viola desde hace ya treinta años el Derecho internacional. Como veremos en las líneas que siguen, la labor desarrollada en este ámbito tanto por el Consejo de Seguridad como por quienes, de forma sucesiva, han ocupado la Secretaría General, ha sido y es más que decepcionante.

 

En efecto, si, por una parte, dejamos a un lado la incapacidad del Consejo de Seguridad para imponer la aplicación de un plan que, debe recordarse, fue libremente pactado por las partes, y sigue actuando en el ámbito del Capítulo VI de la Carta, ignorando la posibilidad de recurrir al Capítulo VII, obviamente, por el persistente bloqueo por parte de Francia de cualquier planteamiento en este sentido, por otra, quienes han venido ostentando desde la entrada en vigor del alto el fuego (6 de setiembre de 1991) la máxima representación de la Organización (Pérez de Cuéllar, Butros Gali y Kofi Annan) no han sido menos, y han terminado por favorecer sin disimulos las ilegales pretensiones de Marruecos, como veremos a continuación.

 

II. EL PROCESO DE PAZ.

 

1. La cuestión del censo y la desafortunada intervención de los sucesivos Secretarios Generales de las Naciones Unidas.

 

Aunque se ha llegado a decir que el Plan de Arreglo se encuentra en punto muerto por una serie de problemas técnicos que lo hacen inaplicable, lo cierto es que nada está más lejos de la realidad. En efecto, las principales cuestiones relativas al censo fueron definidas con absoluta claridad en el mencionado Plan. Así, tendrían derecho a ser incluidos en el censo para el referéndum "todos los saharauis que estén inscritos en el censo realizado en 1974 por las autoridades españolas", censo que se vería incrementado con el crecimiento real de la población saharaui en el período comprendido entre 1974 y la fecha de organización del referéndum, y con la vuelta de los refugiados saharauis residentes fuera del Territorio. De esta forma, el censo de 1974 debía ser la base del censo electoral para el referéndum. Pero como veremos en las líneas que siguen, quienes han ocupado desde entonces la Secretaría General se han encargado de impedir que así sea.

 

a) Pérez de Cuellar modifica los criterios acordados en el Plan de Arreglo.

 

Pese a los problemas inherentes a un proceso de identificación de estas características, desde la puesta en marcha de la MINURSO, éste iba a buen ritmo, hasta que la pretensión marroquí de incluir 170.000 nuevos votantes fue sorprendentemente atendida por el máximo representante de la Organización. En el último informe que realizó en tal condición (diciembre 1991), tras enfatizar la problemática derivada del carácter nómada de la sociedad saharaui y de su estructura tribal (algo que Pérez de Cuellar pareció descubrir unas semanas antes de abandonar la Secretaría General), se refirió a los movimientos migratorios producidos tanto como consecuencia de los conflictos que tuvieron lugar en el Territorio con anterioridad a la retirada de España como por razones naturales o económicas (sequías, búsqueda de trabajo, etc.), para justificar la necesidad de modificar los criterios establecidos en el Plan de Arreglo.

 

Así, frente al criterio único establecido en él ("el derecho de voto dependerá de que el nombre de una persona figure en la lista del censo de 1974, o de que el interesado pueda convencer a la Comisión de Identificación de que es natural del Sahara Occidental pero su nombre no se incluyó en el censo de 1974"), el Secretario General (en adelante, SG) decidió incorporar otros cuatro: a partir de entonces, tendrían derecho a ser incluidos en el censo las personas que vivían en el Territorio como miembros de una tribu saharaui cuando se realizó el censo de 1974 y que no pudieron ser inscritas en él, los miembros de la familia inmediata (padre, madre e hijos) de estas personas, los hijos de padres saharauis nacidos en el Territorio y que no se encontraban en el mismo en el momento de la realización del censo, y, finalmente, aquellos miembros de una tribu saharaui que pertenezca al Territorio que hayan residido en el mismo por un período consecutivo de seis años o intermitente de doce, con anterioridad al 1 de diciembre de 19742 .

 

Aunque otras cuestiones importantes, relacionadas con los medios válidos de prueba (principalmente respecto de la prueba oral), añadieron dificultades al buen fin del Plan, el punto de inflexión se produjo a la hora de determinar cuándo se debía entender que ese grupo familiar o subfracción de una tribu estaba "implantado en el Territorio". Así, Marruecos consideraba que el hecho de que un solo representante de una tribu figurara en el censo español de 1974 debía dar derecho a participar en el referéndum a la totalidad de los miembros de dicha tribu (de ahí que avalara la inclusión de los mencionados 170.000 marroquíes en el censo), mientras que el Frente POLISARIO, como es lógico, mantenía que sólo cabría aceptar como asentado al grupo familiar cuya mayoría de miembros estuvieran inscritos en el censo de 1974. Esta modificación unilateral del Plan, efectuada por el SG, fue tan escandalosa que provocó la renuncia a su cargo de quien era su propio Representante Especial en el conflicto, Johannes Manz3 .

 

b) Butros Gali propone el desmantelamiento de la MINURSO.

 

La llegada a la Secretaría General del ex Secretario de Estado para Asuntos Exteriores de Egipto, que mantenía una estrecha y pública amistad con el rey HASSAN II, fue recibida con una evidente desconfianza por el Frente POLISARIO, cuya razón de ser, desgraciadamente, el tiempo se encargaría de demostrar. En efecto, y pese a que el movimiento de liberación saharaui decidió aceptar, aunque con reservas, los criterios incluidos por Pérez de Cuellar, propiciando de esta forma una mejora en el clima existente y favoreciendo una serie de encuentros entre representantes del Frente POLISARIO y del Gobierno de Marruecos, en marzo de 1994 el nuevo SG propuso al Consejo de Seguridad tres posibles opciones de actuación: la celebración del referéndum, incluso sin contar con la cooperación de las partes; la continuación de los trabajos de la Comisión de Identificación, pero estableciendo un tope de tres meses para que el Consejo decidiera sobre la forma de concluir el proceso; y, finalmente, el desmantelamiento progresivo de la MINURSO, manteniendo una reducida presencia militar en el Territorio, con el objetivo de "estimular el respeto del cese del fuego"4 . Se trata del primer paso del SG hacia el desmantelamiento de la MINURSO, pues tras plantear las tres opciones mencionadas, se decantaba por la tercera, partiendo del peregrino argumento de que la retirada de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental es “la opción (económica) más rentable” para la Organización. Afortunadamente el Consejo de Seguridad optó por la segunda de las opciones, decidiendo proseguir los esfuerzos negociadores con las partes y continuando con el proceso de identificación.

 

La controvertida salida de Butros Gali de la Secretaría General fue acompañada de un postrer informe, que fue aprobado por el Consejo de Seguridad a través de su Resolución 1056 (1996), en el que se proponía, y, por tanto, se decidía, la suspensión del proceso de identificación "hasta que las dos partes den pruebas concretas y convincentes de que están resueltas a retomar y finalizar el proceso", y la reducción en un 20% de los efectivos de la unidad militar5 . De esta forma, el abandonaba la Secretaría General con un último intento, afortunadamente fallido, de poner fin a la presencia de las Naciones Unidas en el Territorio.

 

c) Kofi Annan decide abandonar el Plan de Arreglo.

 

El veto de los EEUU a la renovación de Butros Gali como SG permitió la llegada al cargo de Kofi Annan. Pese a que su perfil de hombre conocedor del proceso descolonizador y su condición de nacional de un Estado -Ghana- que reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática pareció dar nuevos aires al conflicto, lo cierto es que, como unos años más tarde se haría público, su intención desde un principio fue la de buscar una vía alternativa al Plan de Arreglo, lo que equivalía a renunciar a la resolución del conflicto por las vías previstas por la doctrina de las Naciones Unidas en materia de descolonización, concretadas en el caso saharaui, con el consentimiento de las partes, en el mencionado Plan. En efecto, en su primer informe ya insinuaba la vía que pretendía seguir, al plantearse las siguientes cuestiones: "¿es posible llevar a buen fin el Plan de Arreglo en su forma actual?; en caso contrario, ¿caben arreglos aceptables para las dos partes que pudieran hacer ejecutable dicho Plan?; finalmente, ¿existen otros medios por los cuales la comunidad internacional podría ayudar a las partes a resolver el conflicto que les enfrenta?"6 . Para llevar a cabo sus propósitos, procedió a crear un nuevo cargo que, junto a su Representante Especial, tendría un peso específico en el proceso. Se trata del Enviado Personal del SG para el Sahara Occidental, cargo que fue ocupado por el ex Secretario de Estado de los EEUU, James Baker, al objeto de que "evaluara la viabilidad del Plan, examinara medios de aumentar las posibilidades de reanudar su aplicación en un próximo futuro y, de no haberlos, me aconsejara sobre otras posibles maneras de impulsar el proceso de paz".

 

En julio de 1997, y bajo los auspicios de Baker, se concluyeron en Houston unos acuerdos7  que, al menos provisionalmente, consiguieron desbloquear el proceso de identificación. El principal problema del censo radicaba en la pretensión marroquí de incluir en él a los miembros de tres tribus no implantadas en el Territorio, tribus que residen en el sur de Marruecos. El censo español de 1974, organizado de acuerdo con la estructura tribal de la sociedad saharaui, incluyó, como es lógico, exclusivamente a las tribus realmente asentadas en el Territorio, es decir, a aquellas tribus cuyos miembros, en su inmensa mayoría, se encontraban en él en el momento de su confección. Como señalábamos anteriormente, Marruecos pretendía que el hecho de que un solo miembro de otras tribus (obviamente no implantadas físicamente en el Territorio) hubiera sido incluido en el censo español, diera derecho a la totalidad de los miembros de esas tribus a ser incluidas en el censo para el referéndum. Pues bien, en virtud de los acuerdos de Houston, Marruecos aceptaba no patrocinar directa ni indirectamente, ni presentar para su identificación, a los solicitantes pertenecientes a las mencionadas tribus y que no figuraran ya en el censo español. De esta forma, se permitía que la MINURSO continuara con el proceso de identificación del resto de solicitantes, es decir, de las personas pertenecientes a las tribus saharauis implantadas realmente en el territorio, un proceso que había quedado paralizado tras las sucesivas propuestas de Pérez de Cuellar y Butros Gali.

 

En unos pocos meses se hicieron públicos los resultados del proceso de identificación de las tribus implantadas en el territorio, y a la vista de los resultados (aproximadamente 82.000 votantes), y como única salida a la paralización del proceso, el Frente POLISARIO decidió una vez más aceptar las condiciones impuestas por Marruecos, y correr el riesgo de que los solicitantes pertenecientes a los tres grupos tribales conflictivos fueran identificados por la MINURSO, en la confianza de que, conociendo la imparcialidad con que habían actuado las Naciones Unidas en la fase previa, el incremento del censo no fuera muy sensible. Finalmente, en febrero de 2000 se hicieron públicos los resultados de este proceso. De las 198.000 solicitudes presentadas, tan solo 86.425 fueron aceptadas, lo que suponía un incremento de cerca de 4.000 votantes. De esta forma, las Naciones Unidas habían aprovechado la oportunidad que se les brindaba para demostrar que cuando se le dan los medios y la capacidad para ello, actúan “con determinación y objetividad”8 . En los tiempos que corren, en los que se critica con dureza a la Organización su incapacidad para hacer frente a los graves problemas que se le presentan, y pese a la poco edificante intervención en este conflicto de sus sucesivos Secretarios Generales, es importante insistir en que cuando se le dota de capacidad real para actuar, puede hacerlo con garantías de éxito.

 

En estas circunstancias, y a la vista de los datos hechos públicos, como último medio al alcance de Marruecos de agotar las posibilidades que le ofrecía el proceso de identificación para posponer una vez más la celebración del referéndum, este Estado decidió presentar cerca de 131.000 recursos de apelación contra el censo elaborado por la MINURSO, poniendo de esta manera en tela de juicio la imparcialidad de la minuciosa y encomiable labor realizada contra viento y marea9  por la Comisión de identificación, y tratando de convertir esta fase de apelaciones en una vuelta al punto de partida del proceso de identificación. Como era de esperar, en un primer momento10  el Frente POLISARIO se negó a aceptar que esa ingente cantidad de solicitantes volviera a pasar por los centros de identificación, pues daba la sensación de que ello supondría prácticamente volver a empezar un proceso que había costado más de cinco años, y a la vista, además, entre otras cosas, de que cerca del 95% de ellos no podían aportar nuevas pruebas que pudieran justificar la apelación, de acuerdo con los criterios establecidos por el Plan de Arreglo y sus ajustes posteriores. Sin embargo, el movimiento de liberación nacional saharaui, terminaría por aceptar también esta nueva afrenta del gobierno marroquí al Plan, admitiendo incluso la posibilidad de que la MINURSO llevara a cabo la identificación de las apelaciones sin contar con el visto bueno de los jeques o jefes de tribus propuestos por el Frente POLISARIO y Marruecos11 .

 

Pero a estas alturas, Marruecos había decidido ya abandonar definitivamente la posibilidad de que en algún momento se celebrara el referéndum de autodeterminación en el territorio… si es que alguna vez la tuvo. En efecto, y aunque esta postura de Marruecos era explícita desde la época de Pérez de Cuellar12 , en este momento manifestó ya abiertamente su oposición frontal a cualquier tipo de referéndum.

 

d) Razones para el abandono del Plan de Arreglo. Los “deslices” del Secretario General.

 

Pese a que Kofi Annan agradeció expresamente al Frente POLISARIO su actitud conciliadora y su confianza en las Naciones Unidas al proponer dejar en manos de la MINURSO la decisión final sobre la inclusión o no en el censo de los apelantes, aceptando incluso la ausencia en el momento de la identificación de los jefes de tribus saharauis, finalmente el SG decidió proponer al Consejo de Seguridad el abandono de la vía acordada por las partes en 1988 (el Plan de Arreglo) y el inicio de la búsqueda de una vía política para solucionar el conflicto. Los argumentos en que se basaba esta propuesta no podían ser más decepcionantes. Veamos los más importantes.

 

En primer lugar, en opinión del SG, la razón de la imposibilidad de avanzar en el proceso de paz se encontraría en las “diferencias fundamentales de interpretación entre las partes”, que tendrían su origen en “la definición imprecisa de la composición de las tribus del Territorio”13 . Analizadas ya las posturas de las Partes sobre los diferentes aspectos del Plan de Arreglo que hacen referencia a la cuestión del censo y sus criterios, nos ahorramos cualquier comentario sobre esta cuestión. Que Marruecos utilice este argumento es inaceptable, pero comprensible; pero que lo haga el SG, ni lo uno ni lo otro.

 

En segundo lugar, en su opinión, incluso en el caso de que finalmente la MINURSO prosiguiera con el examen de las apelaciones pendientes y confeccionara el censo de conformidad con los criterios aceptados por las Partes, “falta un mecanismo para hacer cumplir los resultados del referéndum”14 . Una cosa es que el más que probable veto de Francia en el Consejo de Seguridad impidiera en tal escenario el recurso al Capítulo VII de la Carta, y otra muy diferente, y especialmente grave, que el SG pase de puntillas sobre los mecanismos que para tal caso prevé la Carta en el ámbito del mencionado Capítulo VII, y eluda recomendar su aplicación. Debe recordarse, además, que se trata de obligar a un Estado a cumplir no solo una norma de Derecho internacional general, de cumplimiento obligatorio para todos los Estados, como es el de la libre determinación de los pueblos, sino que estamos ante un acuerdo (el Plan de Arreglo) aceptado voluntaria y libremente por él. Es inadmisible que una obligación contraída voluntariamente por un Estado pueda ser incumplida con absoluta impunidad, y se pretenda que el Derecho internacional no prevé mecanismos para hacerla cumplir.

 

En tercer lugar, señala el SG que para seguir adelante con el proceso haría falta el acuerdo de Marruecos, y que cualquier ajuste del Plan de Arreglo sería inútil, ya que “al final seguiría habiendo un ganador y un perdedor”15 . Reitera esta idea al señalar que “tal vez es comprensible que cueste lograr esta cooperación cabal (entre las Partes), en vista de que, por la naturaleza del referéndum solicitado (sic) en el plan de arreglo, va todo al ganador”16 . Esta perversa expresión es una constante en los informes del actual SG, y merece una severa crítica, pues pretende poner en el mismo plano a un Estado que ocupa ilegalmente un territorio no autónomo y al pueblo, legítimo dueño del mismo, que sufre tal ocupación. ¿Acaso en el proceso descolonizador (en el que se encuentra aún inmerso el conflicto saharaui) se trató de repartir territorio, recursos o derechos entre colonizador y colonizado?, ¿debe ser considerado “perdedor” un Estado cuando, después de años de violar la legalidad internacional, cumple, o es obligado a cumplir sus obligaciones internacionales? Por otra parte, ¿por qué se refiere a un referéndum “solicitado”, cuando se trata de un referéndum acordado por las Partes? ¿Un desliz más?

 

Sin embargo, el más grave “desacierto” del SG es la afirmación reiterada de que Marruecos actúa “en calidad de Potencia Administradora”. Dada la entidad de este disparate jurídico, y su utilización no inocente por quien ostenta la máxima representación de las Naciones Unidas, pues aunque tal afirmación ha sido descalificada por la Asesoría Jurídica de la propia Organización, sigue figurando en sus informes, más adelante volveremos sobre esta cuestión para analizarla con más detenimiento.

 

2. El “Acuerdo Marco sobre el estatuto del Sahara Occidental” (“Plan Baker I”).

 

En junio de 2001, Kofi Annan presentó al Consejo de Seguridad el proyecto de “Acuerdo Marco” que, en caso de ser aceptado por las Partes, no supondría el abandono definitivo del Plan de Arreglo, aunque sí quedaría “en suspenso”. En su opinión, este proyecto “no se diferencia mucho de los acuerdos utilizados para abordar situaciones similares en otras partes en que se concede la transmisión de autoridad a los habitantes de un territorio no autónomo, para determinar después mediante referéndum el estatuto final del territorio”17 . Sin embargo, como veremos a continuación, no existen precedentes en la práctica de las Naciones Unidas comparables con esta propuesta.

 

a) Los poderes de las Partes.

 

Los poderes de los órganos “saharauis” en el Territorio.

 

El Acuerdo Marco reparte las competencias en el Territorio entre “la población del Sahara Occidental”, por un lado, y Marruecos, por otro. Por lo que respecta a la primera, ese teórico “gobierno saharaui” estaría formado por un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, y tendría competencias exclusivas en materia de administración gubernamental local, presupuesto y tributación territoriales, ejecución de la ley, seguridad interna, bienestar social, cultura, educación, comercio, transporte, agricultura, minería, pesca e industria, política ambiental, vivienda y desarrollo urbano, agua y electricidad, carreteras y demás infraestructuras básicas.

 

El poder legislativo sería ejercido por una Asamblea por períodos de cuatro años, y sus miembros serían elegidos por un censo compuesto por las personas que hubieran residido sin interrupción en el territorio desde el 31 de octubre de 1998, y las que hubieran sido incluidas en la lista de repatriación en fecha 31 de octubre de 2000.

 

El poder ejecutivo sería elegido por cuatro años, por las personas incluidas en el censo confeccionado por la MINURSO, y que fue hecho público el 30 de diciembre de 1999. Sin embargo, una vez trascurridos cuatro años de su mandato, el nuevo ejecutivo sería elegido no ya por ese censo electoral, sino por la Asamblea. De esta forma, si el primer ejecutivo sería elegido por quienes, según las propias Naciones, son saharauis, el segundo ya lo sería no solo por los saharauis, sino también por los residentes en el Territorio desde octubre de 1998.

 

Finalmente, la autoridad judicial sería ejercida por tribunales compuestos por jueces originarios del Territorio, pero seleccionados por un órgano marroquí, como es el Instituto Nacional de Estudios Judiciales. Estos tribunales tendrían competencias en materia de Derecho territorial.

 

En cualquier caso, tanto las leyes aprobadas por la Asamblea como las decisiones de los tribunales deberían respetar la Constitución de Marruecos, en particular en lo tocante a la protección de las libertades públicas.

 

b) Los poderes de Marruecos en el Territorio.

 

El Acuerdo Marco reserva a Marruecos competencias exclusivas en materia de relaciones exteriores (incluidos los tratados internacionales), seguridad nacional y defensa exterior (incluida la determinación de fronteras marítimas, aéreas o terrestres, y su protección “por todos los medios apropiados”), todos los asuntos relacionados con la producción, venta, propiedad o uso de armas o explosivos y la preservación de la integridad territorial “contra los intentos secesionistas” (sic), tanto si provienen de dentro del territorio o de fuera de él. Además, la bandera, la moneda, las aduanas y los sistemas postal y de telecomunicaciones del Reino serán los mismos para el Sahara Occidental.

 

c) El referéndum sobre el estatuto final del Territorio.

 

El estatuto del Sahara Occidental sería sometido finalmente a un referéndum que se debía celebrar en una fecha a convenir entre las Partes, en un plazo no superior a los cinco años contados a partir de la puesta en marcha de las medidas iniciales de aplicación del acuerdo. El censo del referéndum estaría integrado por las personas que hubieran residido sin interrupción en el Territorio durante el año anterior a su celebración.

 

A la vista de estos datos, a nadie se le escapa que nos encontramos ante un proyecto que ignora la doctrina y la práctica descolonizadora de las Naciones Unidas, en especial en el momento clave de la consulta a la población, pues en ella participarían el pueblo saharaui… y los residentes marroquíes. Obviamente, y como es lógico, no hay precedente alguno en este sentido. Por otra parte, aspectos concretos de las competencias atribuidas en exclusiva a Marruecos, en especial la aplicabilidad en el Territorio de su Constitución, son abiertamente contrarios al contenido de la Resolución 2625 (XXV), que establece la condición jurídica distinta y separada del territorio no autónomo respecto del de la metrópoli. Lo mismo se puede decir de la atribución a este Estado de competencia exclusiva en materia de relaciones exteriores.

 

Por otra parte, la atribución a Marruecos de competencia exclusiva a la hora de preservar la integridad territorial “contra los intentos secesionistas”, parte de la idea de que una parte del territorio de este Estado pretende separarse del resto, lo que equivale a admitir la premisa marroquí de que el Sahara Occidental forma parte de su integridad territorial, lo que es inaceptable. Como señalara la representación argelina, “este proyecto ratifica la ocupación ilegal del territorio saharaui y constituye la crónica de una integración programada, en violación de la legalidad internacional”18 .

 

Por su parte, ante esta propuesta, el Frente POLISARIO reiteró que la única vía posible para la solución del conflicto seguía siendo el acuerdo concluido por ambas Partes en el Plan de Arreglo, reafirmó su compromiso firme de aceptar el resultado del referéndum, y recordó la responsabilidad de las Naciones Unidas y del propio Consejo de Seguridad a la hora de hacer cumplir dichos resultados. Ni qué decir tiene que Marruecos aceptó expresamente el Acuerdo Marco.

 

3. Las cuatro opciones propuestas por el Secretario General (Informe de 23 de mayo de 2003).

 

La decisión marroquí de descartar definitivamente la posibilidad de seguir adelante con el proceso de apelaciones, y su disposición favorable a entablar “un diálogo franco y sincero con el Frente POLISARIO, a fin de encontrar una solución duradera y definitiva que respetara la soberanía y la integridad territorial de Marruecos”19  (sic), llevó al SG a elevar un nuevo informe al Consejo de Seguridad20 , que incluía cuatro opciones posibles para resolver el conflicto:

 

1. El Plan de Arreglo. Se seguiría adelante con el Plan de Arreglo, incluso sin contar con el consentimiento de las partes21 .

 

2. El Acuerdo Marco. Se revisaría por el Enviado Personal del SG el proyecto de Acuerdo Marco, que posteriormente se impondría a las Partes

 

3. La división del Territorio. En caso de que las partes no llegaran a un acuerdo respecto de esta división del Territorio en una fecha concreta, el Enviado Personal les presentaría una propuesta y el Consejo de Seguridad sometería la propuesta a las partes, en el entendimiento de que no podrían negociarla. El SG propone que se tome como referencia para esta posible solución, nada menos que ¡la división convenida en 1976 entre Marruecos y Mauritania! Un acuerdo internacional nulo, por violar el derecho a la libre determinación de los pueblos, es propuesto por el máximo representante de la ONU como una vía de solución del conflicto…

 

4. La retirada de la MINURSO. Como última opción, Annan retoma la vieja propuesta de Butros Gali de desmantelar la MINURSO, lo que supondría reconocer finalmente la incapacidad de las Naciones Unidas de resolver el conflicto.

 

Afortunadamente, por medio de su Resolución 1429 (2002), el Consejo de Seguridad rechazó estas cuatro propuestas, y decidió apoyar los esfuerzos del Enviado Personal de alcanzar una solución política. Fruto del trabajo de éste es el denominado “Plan de Paz para la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental”, o Plan Baker II, que vendría a incorporar elementos del Plan de Arreglo, del Acuerdo Marco, y de los Acuerdos de Houston, y que, a diferencia del Plan de Arreglo, no requeriría el consentimiento de ambas partes en cada etapa de su aplicación.

 

4. El “Plan de Paz para la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental” (Plan Baker II).

 

a) Los poderes de las Partes.

 

Los poderes de los órganos “saharauis” en el Territorio.

El Plan Baker II modifica algunas cuestiones del Acuerdo Marco, aunque mantiene una estructura muy similar a la de éste. De esta forma, mantiene el reparto de las competencias exclusivas entre “la población del Sahara Occidental” y Marruecos, aunque con algunos cambios. El futuro “gobierno saharaui” tendría la misma composición que la propuesta en el Acuerdo Marco, es decir, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, y tendría competencias exclusivas en materia de administración gubernamental local, presupuesto y tributación territoriales, ejecución de la ley, seguridad interna, bienestar social, cultura, educación, comercio, transporte, agricultura, minería, pesca e industria, política ambiental, vivienda y desarrollo urbano, agua y electricidad, carreteras y demás infraestructuras básicas.

 

El poder legislativo sería ejercido por una Asamblea, que tendría prácticamente las mismas competencias que en el proyecto anterior, pero que, a diferencia de éste, sería elegido por un censo en el que no estarían incluidos los residentes. Este mismo censo elegiría al poder ejecutivo, que sería ejercido por un Jefe Ejecutivo, que tendría similares competencias a las propuestas en el Plan Baker I. Las elecciones se llevarían a cabo en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del Plan, y serían por un plazo de cuatro años o “hasta que la autoridad gubernamental del Sahara Occidental sea modificada de conformidad con el referéndum sobre el estatuto definitivo”. Finalmente, el poder judicial sería ejercido por el Tribunal Supremo del Sahara Occidental, junto a los demás tribunales de rango inferior que pudiera establecer la Autoridad del Sahara Occidental. Sus miembros serían nombrados por el Jefe Ejecutivo, con el consentimiento previo de la Asamblea Legislativa. El Tribunal Supremo tendría competencia para determinar la compatibilidad de cualquier ley del Sahara Occidental con el Plan Baker II, con la excepción de las relativas a las competencias reservadas a Marruecos, en cuyo caso sería competente el Tribunal Supremo de este Estado. Por otra parte, el Tribunal Supremo del Sahara Occidental sería la última instancia en lo que respecta a la interpretación de la ley en el Territorio.

 

b) Los poderes de Marruecos en el Territorio.

 

Las competencias de Marruecos son muy similares a las que le atribuía el Acuerdo Marco. Tan solo se modifican, por un lado, las relativas a la producción, venta, propiedad o uso de armas y explosivos, cuando se trate de “la utilización debidamente autorizada de armas por parte de las fuerzas de orden público de la Autoridad del Sahara Occidental”; y, por otro, aunque se vuelve a hacer la desafortunada referencia a la “preservación de la integridad territorial contra los intentos secesionistas”, se señala que “el derecho a preservar la integridad territorial no autorizará la adopción de medida alguna que pueda impedir, reprimir o sofocar la realización pública y pacífica de debates, manifestaciones o campañas, en particular durante los períodos en que tengan lugar elecciones o referendos”. Finalmente, se señala que la autoridad de Marruecos en lo que respecta a las relaciones exteriores del Territorio será ejercida en consulta con la Autoridad del Sahara Occidental, cuando se trate de cuestiones que afecten directamente a los intereses del Territorio. En este sentido se señala que “Marruecos podrá autorizar la participación de representantes de la Autoridad del Sahara Occidental en sus delegaciones diplomáticas en reuniones internacionales sobre cuestiones económicas y de otro tipo que revistan un interés directo para el Sahara Occidental”.

 

c) El referéndum.

 

El derecho a la libre determinación de los”residentes de buena fe”.

 

El plan prevé un período de transición durante el cual se procederá a un reparto de responsabilidades entre las Partes, antes de que se celebre un referéndum sobre la libre determinación que, en palabras del propio SG, “brindará a los residentes de buena fe del Sahara Occidental la oportunidad de decidir su futuro”. En efecto, se abandona ya la referencia al pueblo saharaui, o al “pueblo del Sahara Occidental”, único y auténtico destinatario del derecho de autodeterminación, para atribuírselo sin reparos a “los residentes de buena fe”. Nos encontramos ante una innovación del Derecho internacional que, de esta forma tan sorprendente, descubre nuevas subjetividades: a partir de ahora, junto a los pueblos sometidos a dominación colonial, extranjera o racista, junto a los movimientos insurgentes e insurreccionales, aparece la figura de “los residentes de buena fe”. Por razones que analizaremos más adelante, pese a la evidente afrenta al Derecho internacional que supone esta idea, el Frente POLISARIO terminará por aceptar este mal denominado “Plan de Paz para la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental”, que será rechazado por Marruecos.

De conformidad con el Plan, podrán participar en el referéndum los mayores de 18 años de edad:

 

a) que figuren en la lista provisional de votantes de 30 de diciembre de 1999, confeccionada por la Comisión de Identificación de la MINURSO (sin posibilidad de apelación ni objeción alguna)

b) que estén incluidos en la lista de repatriación establecida por la Oficina del ACNUR al 31 de octubre de 2000, o

c) que hayan residido de forma continuada en el Territorio desde el 30 de diciembre de 1999.

 

Las Naciones Unidas determinarán qué personas tienen derecho a votar, y su decisión será definitiva e inapelable. Tan solo se podrán incluir nuevos votantes en el caso de que su residencia permanente en el Territorio desde el 30 de diciembre de 1999 sea “corroborada por el testimonio de al menos tres personas dignas de crédito o pruebas documentales fehacientes”, lo que será analizado por las Naciones Unidas, que tomarán una decisión al respecto, que tendrá carácter definitivo e inapelable.

 

La tercera opción del referéndum: la autonomía.

 

El SG recordó en su informe que la principal objeción de Marruecos al Plan es la inclusión de la opción de la independencia entre las posibles en el referéndum, y apunta dos razones por las que Marruecos debería aceptarlo, razones que dejan perplejo al analista más pintado: en primer lugar, por el “compromiso manifestado durante tantos años por Marruecos con el Plan de Arreglo” (¿no debería servir este argumento para imponer la aplicación de todo el Plan de Arreglo?)… y, en segundo, por la inclusión en el electorado para el referéndum de “todos los que hayan residido de manera continuada en el Sahara Occidental desde el 30 de diciembre de 1999, frente a la inclusión únicamente de los que figurasen en la lista de votantes, que se elaboró sobre la base de la labor de la Comisión de Identificación”22 . Dicho de otra forma: Marruecos debía aceptar la opción de la independencia porque, reconociéndoseles no solo a los saharauis, sino también a los colonos marroquíes, el derecho a participar en el referéndum, las posibilidades de victoria de la opción independentista serían prácticamente nulas. Pero es que Marruecos, que veía como algo perfectamente lógico que participaran los residentes en el referéndum (lo consideraba, literalmente “justo, equitativo y conforme a las prácticas democráticas”), se preguntaba por qué poner la mencionada fecha de diciembre de 1999 como límite de residencia en el Territorio…

 

Para salvar el problema que plantea la negativa de Marruecos a esta opción, el SG propone una tercera opción, junto a las acordadas por las partes (integración e independencia): la autonomía. En caso de que ninguna de las tres opciones obtuviera una mayoría de los votos, la que recibiera menos votos quedaría eliminada, y se celebraría una segunda vuelta para que los votantes decidieran entre las dos preguntas restantes. De prevalecer la tercera opción, el autogobierno o la autonomía, el electorado de las futuras elecciones a los órganos ejecutivos y legislativos de la autoridad del Territorio estaría constituido por los mencionados “residentes de buena fe del Sahara Occidental” mayores de 18 años23 .

 

d) Otras cuestiones.

 

El Plan Baker II trata de concretar algunas cuestiones más relacionadas con el conflicto, entre las que destacan las siguientes:

- Se garantiza el compromiso de las partes de “no menoscabar la capacidad de nadie para hacer campaña de forma pacífica a favor o en contra de una persona que se presente a las elecciones o de las opciones o preguntas que se plantean a los votantes en el referéndum sobre el estatuto definitivo”.

- Se garantiza la vida del estatuto del Territorio, al señalar que ni Marruecos ni la Autoridad del Sahara Occidental podrán modificarlo ni abolirlo unilateralmente, excepto cuando se trate de adoptar leyes necesarias para acatar los resultados del referéndum sobre el estatuto definitivo.

- Igualmente se garantiza la puesta en libertad de todos los presos políticos y prisioneros de guerra.

- Finalmente, el Plan adelanta la sorprendente previsión del Consejo de Seguridad de modificar el nombre y el mandato de la MINURSO, de manera “que pueda contribuir a su aplicación, en particular durante el período que transcurra entre su entrada en vigor y la celebración de las elecciones para nombrar al Jefe Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa de la Autoridad del Sahara Occidental”. Esta pretensión de modificar su denominación no es en absoluto inocente, pues supondría un intento por abandonar su verdadera razón de ser: la organización del referéndum de autodeterminación.

 

5. El Plan de Paz en la picota: Marruecos se queda solo.

 

El Consejo de Seguridad, a través de su Resolución 1495 (2003), de 24 de julio, “actuando en el marco del Capítulo VI de la Carta”, decidió apoyar el Plan Baker II, “como solución política óptima basada en el acuerdo entre las partes”. Por su parte, el SG instó a Marruecos “a que aproveche la oportunidad y participe en forma positiva en el proceso aceptando y ejecutando el Plan”24 . Pese a ello, la representación de Marruecos señaló al SG que “con el paso de los años el proyecto de referéndum es inaplicable en la forma en que estaba previsto, y ha perdido su razón de ser”, pues con un referéndum “a fin de cuentas, habría un ganador y un perdedor”25 . Como se ve, a Marruecos le faltó tiempo para echar mano de los continuos deslices del SG.

 

En opinión de Marruecos, los precedentes de controversias internacionales similares a la saharaui en las que se ha alcanzado una resolución exitosa mediante el recurso a un régimen de autonomía se remontarían al asunto de las islas Aaland, por lo que ésta sería la vía a seguir por el pueblo saharaui para ejercer su libre determinación. La verdad es que esta comparación es realmente desafortunada, y provoca el sonrojo de cualquier internacionalista, pues se trata de problemas radicalmente diferentes. Más acertada hubiera sido la referencia a procesos más próximos dentro del proceso descolonizador, tales como los de Eritrea o Irian Occidental. Pero claro, ambos constituyen un ejemplo elocuente de que la resolución de un proceso de descolonización sin contar con el consentimiento de la población del territorio está irremediablemente abocada al fracaso. Como señalara el Tribunal Internacional de Justicia en su Dictamen sobre el Sahara Occidental, el elemento fundamental en todo proceso de autodeterminación es la voluntad de la población, manifestada a través de una consulta efectuada por medio de sufragio universal. Tanto en el caso eritreo como en el de Irian Occidental, la ausencia de la consulta a la población mediante sufragio universal fue precisamente la causa del fracaso del proceso. Cabe recordar que, de llevarse a cabo tal consulta, la opción autonomista, entre otras, puede constituir, en efecto, una forma de ejercicio de la libre determinación. Pero debe ser una opción entre varias, no la única, pues en tal caso no cabría la posibilidad de optar.

 

Entre otros argumentos para negarse a aceptar el Plan de Paz, Marruecos alega que el mismo está en clara contradicción con su Constitución26 . Pero si este argumento tuviera alguna virtualidad, muchos de los procesos de descolonización no hubieran podido culminarse, puesto que en la mayoría de las Constituciones de las potencias coloniales se contemplaban los territorios coloniales como parte integrante de su territorio. Por la misma razón, Marruecos consideraba incompatibles sus leyes internas con la descentralización judicial que propone el Plan. Incluso, llegó a criticar el hecho de que el SG se reserve la capacidad de interpretar el Plan, y que su decisión sea vinculante e inapelable, para acusarle expresamente de pretender ser a la vez “juez y parte”27 . Juez, quizás, pero ¿parte? Por lo que hemos podido examinar hasta este momento, más razones tendrían los saharauis para poner en tela de juicio la imparcialidad del SG.

 

Como consecuencia de la intransigencia marroquí, el 11 de junio de 2004 el SG hizo pública la dimisión presentada por James Baker, que abandonaba el cargo de Enviado Personal tras haber hecho “todo lo que se estaba en sus manos” para buscar una solución al conflicto28 .

Por su parte, el Frente POLISARIO apuntó en un amplio informe29  muchas de las razones que justificaban su negativa a aceptar el Plan de Paz, pese a que, como queda dicho, finalmente terminaría por aceptarlo. Como punto de partida, lamentaba que el nuevo Plan supusiera el abandono del Plan de Arreglo, único aceptado voluntariamente por las Partes, para sustituirlo por otro que dejaba sin resolver diferentes cuestiones de indudable importancia, entre las que el movimiento saharaui destacaba las relacionadas con el acantonamiento de los contingentes militares, el momento y las garantías para la vuelta de los refugiados saharauis al Territorio30 , la liberación de los presos de guerra31 , la necesidad de impedir futuras “Marchas Verdes”, además de recordar que el Plan no garantizaba el respeto del resultado del referéndum.

 

Por otra parte, insistía en el principal error de bulto en que incurre el Plan: Marruecos no es potencia administradora, sino ocupante del Territorio, por lo que ni puede ser el representante del pueblo saharaui en las relaciones exteriores, ni puede concluir acuerdos relativos a la explotación de los recursos naturales saharauis, ni puede determinar las fronteras internacionales del Territorio. Por esa misma razón, no son aceptables los símbolos de la soberanía marroquí sobre el territorio (moneda, bandera…). En este sentido, recordaba que la referencia del Plan a posibles “injerencias secesionistas” era otro desliz imperdonable, pues partía de la idea de que el Sahara Occidental forma parte de la integridad marroquí, lo que es abiertamente contrario a la doctrina de las propias Naciones Unidas.

 

El informe del Frente POLISARIO detallaba algunos de los momentos en que el proceso de paz ha ido paralizándose como consecuencia de los obstáculos puestos por Marruecos, para destacar y comprobar que tras cada uno de ellos ha cedido la parte saharaui y han cedido las Naciones Unidas, mientras que Marruecos se ha mantenido siempre en la intransigencia más absoluta. Pese a ello, hoy es el día en que, tras casi quince años de plan de paz, existe ya un censo que, de llevarse a cabo la revisión de las apelaciones, podría estar concluido en unas pocas semanas. Solo entonces, es decir, cuando este Estado ha visto claramente que ya no puede explotar más el Plan para dilatar indefinidamente la resolución del conflicto, ha decidido abandonarlo, acusando a las Naciones Unidas nada menos que de haber actuado con parcialidad. En efecto, Marruecos es el responsable del bloqueo permanente del Plan de Arreglo, en especial en lo que atañe a la cuestión de la identificación, como lo demuestran, entre otros, los siguientes datos. El Plan de Arreglo preveía un censo para el referéndum de 74.000 votantes: el confeccionado por las autoridades españolas. Sin embargo,

 

- en julio de 1991, Marruecos presentó dos "listas suplementarias" de 76.000 y 45.000 pretendidos saharauis;

- en septiembre de 1991, diez días después de entrar en vigor el alto el fuego, se produjo la denominada “segunda Marcha Verde”, protagonizada por 170.000 marroquíes que acudieron al Territorio al objeto de ser identificados por la MINURSO. La presión de esta “segunda Marcha Verde” tuvo como consecuencia la revisión de los criterios de identificación previamente acordados por las partes (modificación efectuada por Pérez de Cuellar);

- en enero de 1998, tras los Acuerdos de Houston y la aprobación del plan detallado del Secretario General para la celebración del referéndum en diciembre de 1998, se llevó a cabo la “tercera Marcha Verde”, protagonizada por otros 50.000 marroquíes, con las mismas pretensiones que en la anterior. Como consecuencia de esta nueva presión marroquí, se volvieron a cuestionar las modalidades de identificación acordadas en los Acuerdos de Houston, y el Secretario General presentó en mayo de 1999 cinco protocolos adicionales relativos a los recursos;

- finalmente, como queda dicho, en febrero de 2000, tras hacerse público el censo provisional por la Comisión de Identificación (86.425 personas), Marruecos avaló la presentación de 131.000 recursos de apelación. La consecuencia fue la paralización definitiva del proceso. En efecto, aunque el Frente POLISARIO terminaría por aceptar que la MINURSO procediera a examinar las apelaciones presentadas, y pese a tratarse de expedientes que habían sido ya examinados y descartados por la Comisión de Identificación, finalmente sería Marruecos quien bloquearía, esta vez de forma definitiva, el proceso de identificación.

 

Por último, el Frente POLISARIO consideraba inaceptable el censo propuesto por el Plan de Paz para el referéndum, ya que en él participarían 86.425 saharauis, frente a un número de colonos marroquíes muy superior, no existiendo además ninguna garantía de que los resultados del referéndum fueran a ser respetados en caso de que triunfara la opción independentista.

 

Pese a que, como hemos visto, aspectos concretos del Plan Baker II contradicen claramente lo previsto en el Plan de Arreglo original, y se acerca sin disimulos a las pretensiones marroquíes, a principios de julio de 2003 el Frente POLISARIO decidió aceptarlo “como muestra de su sincera voluntad de paz y cooperación con la labor realizada por el Sr. Baker y el SG”32 . En el momento en que escribimos estas líneas, el proceso sigue estancado, lo que ha llevado a diferentes responsables del Frente POLISARIO a apuntar la posibilidad de retomar las armas en el caso de que este estancamiento continúe indefinidamente. El SG ha mostrado en sus informes su preocupación por estas declaraciones, y ha pedido a las Partes que se abstengan “de formular declaraciones exaltadas o adoptar cualquier medida, ya sea jurídica, política o militar, cuyas consecuencias puedan complicar aún más la búsqueda de una solución o causar roces innecesarios”33 . Aunque cabe pensar que lo que el SG pide a las partes es prudencia, la petición a la parte que es objeto de una violación del Derecho internacional que dura ya más de 30 años de evitar “adoptar cualquier medida jurídica” resulta realmente grotesca. Precisamente, si algo cabe reprochar al Frente POLISARIO, no es ni la falta de prudencia ni la falta de paciencia, pues de ambas ha hecho un verdadero derroche durante todos estos años, sino la falta de iniciativas jurídicas que pongan en un aprieto no solo a Marruecos, sino también a los Estados que, de forma más o menos disimulada, miran a otro lado, mientras, por ejemplo, empresas de su nacionalidad negocian con el Estado ocupante la explotación de los recursos naturales del territorio, o hacen importantes inversiones en el mismo.

 

III. EL ESTATUTO JURÍDICO DEL SAHARA OCCIDENTAL Y LA EXPLOTACIÓN DE SUS RECURSOS NATURALES.

 

1. Marruecos es la Potencia Ocupante del Territorio.

 

Es importante dejar claro que, pese a los reiterados “descuidos” del SG34 , Marruecos no es la Potencia Administradora, sino la Potencia Ocupante, con un estatuto jurídico similar al de Israel en los territorios ocupados palestinos. Las Naciones Unidas, lejos de reconocer a Marruecos la condición de potencia administradora, han desautorizado en diferentes ocasiones tal ocupación. La retirada española hubiera requerido el establecimiento de una administración en el Territorio a cargo de las Naciones Unidas, pero nunca la concertada con Marruecos y Mauritania, y seguida de la ocupación militar por parte de los mismos.

 

La puesta en práctica de los Acuerdos de Madrid de 1975 condujeron a una situación de violación permanente del Derecho internacional, puesto que dieron lugar a una ocupación, primero parcial por parte de Marruecos, y luego completa tras la retirada de Mauritania del Territorio, siendo así que la Resolución 2625 (XXV) establece que no se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o el uso de la fuerza. Antes incluso de que Marruecos ocupara el territorio por medio de la Marcha Verde, el Consejo de Seguridad le requirió para que no la llevara a cabo, y, una vez realizada, le exhortó para que se retirara de él35 .

 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que además de la Asamblea General, resoluciones de diferentes órganos de las Naciones Unidas han calificado expresamente la situación de ocupación. En este sentido, cabe recordar que, cuando tras la retirada del conflicto bélico por parte de Mauritania, Marruecos ocupó la parte del territorio que dejaba este país, la Resolución 34/37 de la Asamblea General de la ONU, de 21 de noviembre de 1979, además de legitimar la lucha armada del Frente POLISARIO, deploraba profundamente “la agravación de la situación, como consecuencia de la persistente ocupación del Sahara Occidental por Marruecos, y de la ampliación de esa ocupación al territorio recientemente evacuado por Mauritania”36.

 

2. El Sahara Occidental es un Territorio No Autónomo, pendiente de descolonización.

 

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el territorio del Sahara Occidental es un Territorio No Autónomo, pendiente, por tanto, de descolonización37 . El tema sigue siendo analizado anualmente ante la Comisión de Descolonización. Entre otras, ésta es la razón por la que, después de treinta años de ocupación, ningún Estado ha reconocido la anexión del Sahara Occidental por Marruecos38 . Si de alguna manera se hubiera llegado a reconocer por las Naciones Unidas el carácter de potencia administradora de Marruecos, es evidente que algún Estado –al menos sus principales aliados, véase Francia- habría procedido a reconocer la anexión.

 

Como ha señalado recientemente la Asamblea General de la ONU, "a falta de una decisión de la propia Asamblea General, en el sentido de que un Territorio No Autónomo había alcanzado la plenitud del gobierno propio de conformidad con el Capitulo XI de la Carta, la Potencia administradora interesada debía seguir transmitiendo información en virtud del inciso e) del artículo 73 de la Carta con respecto a ese territorio”39 . De acuerdo con esta Resolución, es evidente que, aunque de facto no sea así, jurídicamente España sigue siendo la potencia administradora del territorio, y Marruecos es una ocupante ilegal del mismo. En efecto, la Asamblea General no ha adoptado decisión alguna que permita afirmar lo contrario.

 

3. Marruecos no es la Potencia Administradora del Territorio.

 

Es obvio que los acuerdos de Madrid no supusieron una transferencia de la soberanía sobre el Territorio, entre otras razones porque España tan sólo lo administraba. En este sentido debe interpretarse el Comunicado conjunto hispano-argelino concluido el 1 de mayo de 1979, en el que España afirmaba que "el hecho de haber puesto definitivamente fin a su administración del Territorio el 26 de febrero de 1976 no podía significar una transferencia de soberanía tratándose de un territorio no autónomo, en el sentido del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas".

 

Más contundente es la postura del Comité ad hoc de la Organización para la Unidad Africana, actual Unión Africana, que ha afirmado que "el acuerdo de Madrid no establece la transferencia de la administración del territorio a Marruecos y Mauritania, y no constituye una transferencia de soberanía"40 .

 

Recientemente (29 de enero de 2002), a petición del Presidente del Consejo de Seguridad, el Asesor Jurídico, y Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, emitió un informe sobre “la legalidad, en el contexto del Derecho internacional, incluidas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas y los acuerdos relativos al Sahara Occidental, de las medidas que habrían tomado las autoridades de Marruecos, a saber, la licitación y la firma de contratos con empresas extranjeras para la exploración de recursos minerales en el Sahara Occidental"41 . Entre las conclusiones más importantes de este informe deben destacarse las siguientes:

 

- “El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el Territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la autoridad administrativa sobre el Territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la condición internacional del Sahara Occidental como Territorio no autónomo”.

- “Tras la retirada de Mauritania del Territorio en 1979 y la concertación del acuerdo mauritano-saharaui de 19 de agosto de 1979, Marruecos ha administrado el Territorio del Sahara Occidental por sí sólo. Marruecos, sin embargo, no figura como la Potencia administradora del Territorio en la lista de Territorios no autónomos de las Naciones Unidas”.

- “Los contratos concretos a que se refiere la solicitud del Consejo de Seguridad no son ilegales en sí mismos, aunque las actividades de exploración y explotación, de seguir llevándose a cabo sin atender a los intereses y deseos del pueblo del Sahara Occidental, infringirían los principios jurídicos internacionales aplicables a las actividades relacionadas con los recursos minerales en los Territorios no autónomos”.

 

De estos tres apartados cabe deducir, al menos, las siguientes conclusiones: a) el Sahara Occidental es un Territorio no autónomo, pendiente de descolonización; b) Marruecos no es la Potencia administradora del territorio, y c) la explotación de los recursos naturales del territorio será legal únicamente si se realiza con el visto bueno de la población saharaui, expresada a través de quien, según las propias Naciones Unidas, ostenta la condición de su “único y legítimo representante”, el Frente POLISARIO, y no de Marruecos (el informe contrapone de forma evidente estas dos posibilidades).

 

4. Los acuerdos concluidos por Marruecos sobre la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental violan el Derecho internacional.

 

Los contratos para la exploración y explotación petrolíferas.

 

Hasta la emisión del mencionado informe de la Asesoría Jurídica de la ONU, eran dos las compañías que venían efectuando tales actividades: la compañía estadounidense Kerr-McGee, y la francesa Total-Fina-Elf. Esta última dio por terminadas sus actividades en la zona en diciembre de 2004 alegando motivos comerciales, aunque “coincidió” con una campaña internacional de presión, en la que participaron junto a las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática, organizaciones no gubernamentales de veinte países42 . Igualmente, en junio de 2005 estas presiones llevaron al Fondo Noruego de Inversiones Skagenfondene a vender su participación en la empresa estadounidense Kerr-McGee43 . Como se puede apreciar, aunque no se trata más que de un informe, la presión internacional en estos casos comienza a surtir sus efectos y supone una traba más para la libre e ilegal explotación de los recursos naturales en el Territorio, que viene practicando Marruecos.

 

En línea con estos planteamientos, el 17 de mayo de 2005 la RASD decidió tomar la iniciativa en la cuestión, haciendo pública una convocatoria para otorgar licencias para la exploración y explotación de petróleo y gas en su territorio, ejerciendo de esta forma un derecho que el propio ordenamiento internacional le reconoce44 . Aunque las posibilidades de que los posibles contratos con la RASD se pongan en práctica, en un momento en que el territorio sigue bajo el control marroquí, son escasas, la iniciativa puede tener cierta virtualidad. Por una parte, porque de cara al futuro, y para el caso de que finalmente el pueblo saharaui pueda alcanzar la independencia, puede animar a determinadas compañías a tener en cuenta a la RASD. Por otra, porque las campañas emprendidas hasta el momento han demostrado la vulnerabilidad de algunas compañías e incluso Estados ante la sensibilidad de la opinión pública.

 

El Acuerdo de Pesca entre la Comunidad Europea y Marruecos de 28 de julio de 2005.

 

Este acuerdo extiende nuevamente su aplicación tanto a las “aguas bajo soberanía marroquí”, como a las “aguas bajo jurisdicción marroquí”, expresión esta última que ya se utilizó en los acuerdos precedentes para hacer referencia a las aguas sitas al Sur del Cabo Noun45 , es decir, las aguas jurisdiccionales del Sahara Occidental, pretendiendo de esta forma tan poco sutil, salvar la posición europea respecto del Territorio, evitando reconocer la soberanía marroquí sobre el mismo46 . Se trata de un acuerdo de cuatro años de duración, cuya entrada en vigor se producirá el 1 de marzo de 2006, y cuyo contenido es mucho más modesto que el anterior, ya que, por teóricos motivos biológicos, reduce considerablemente (casi a una cuarta parte) tanto la cuota como la contrapartida financiera47 , pero que, como los acuerdos anteriores, viola el derecho del pueblo saharaui a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales. Por ello, una vez más (recuérdense los acuerdos de pesca de 1983 entre España y Marruecos48 , y de 1988, 1992 y 1995 entre la CEE y Marruecos49 ) debe denunciarse un acuerdo de pesca entre Marruecos y la Comunidad Europea, por incluir las aguas adyacentes al territorio del Sahara Occidental.

 

El Jefe de la delegación negociadora de la Comisión Europea, César Debén, ha justificado el hecho de que el acuerdo incluya las aguas del Sahara Occidental, aclarando que este hecho se produce “no porque la Comisión considere que se trata de aguas marroquíes”, sino porque "están bajo administración marroquí", lo que se derivaría, nada menos que del contenido de los acuerdos tripartitos de Madrid. En su opinión, “el pueblo saharaui se beneficia también de los ingresos económicos y de la creación de empleo de este acuerdo"; la Comisión “quiere evitar que un acuerdo de pesca, que es un acto de cooperación económica, pueda ser manipulado en un marco político”50. Casi treinta años después de la firma de estos acuerdos, que, debe recordarse una vez más, son nulos por violar una norma de derecho imperativo del Derecho internacional, que el representante de la Comisión Europea fundamente en ellos la legalidad del acuerdo de pesca, para añadir que éste beneficia al pueblo saharaui, constituye un ejercicio de hipocresía tal que nos exime de cualquier comentario al respecto. La misma consideración nos merece la postura del ejecutivo español, representada por el Ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Angel Moratinos, que ha afirmado que Marruecos tiene jurisdicción sobre las aguas saharauis, porque, “según las Naciones Unidas, es la potencia administrativa” (sic) del territorio51 .

 

Resulta evidente el fracaso de la diplomacia europea al tratar de dar la imagen de que respeta el Derecho internacional, cuando lo está infringiendo de una forma flagrante. En este sentido, merece la pena recordar que la Comisión Europea viene concediendo ayudas de forma anual desde 1993 a los refugiados saharauis ubicados en Tinduf, tratando de compensar, de esta forma, el efecto pernicioso de sus negociaciones con Marruecos. En concreto, la resolución más reciente al respecto, aprobada solo unos días después de la firma del acuerdo de pesca (10 de agosto de 2005), concede una ayuda de 9,3 millones de euros para los refugiados saharauis, para recordar que “(…) desde 1993, la Comisión Europea ha asignado más de 108 millones de euros para los refugiados saharauis, lo cual pone de manifiesto la atención que dedica la Unión Europea a esta crisis aún demasiado olvidada”52 .

 

El Acuerdo de Libre Comercio concluido entre EEUU y Marruecos.

 

El 17 de junio de 2004, los EEUU y Marruecos concluyeron un Acuerdo de Libre Comercio (The Free Trade Agreement) que, entre otras cuestiones, procedía a eliminar, a partir de su entrada en vigor, los aranceles hasta entonces aplicables a la práctica totalidad de los productos industriales y de consumo que son objeto de comercio bilateral entre estos dos países. Como era de esperar que Marruecos pretendiera aplicar el acuerdo al territorio del Sahara Occidental, el congresista J. Pitts presentó una pregunta formal al Representante para el Comercio de EEUU, Robert Zoellick, quien personalmente había rubricado el acuerdo, en la que le interrogaba sobre si este Estado consideraba aplicable el acuerdo al territorio saharaui. La respuesta (julio de 2004) no pudo ser más explícita: “La posición de la Administración (estadounidense) en el Sahara Occidental es clara: la soberanía del Sahara Occidental está en disputa, y los Estados Unidos apoyan plenamente los esfuerzos de las Naciones Unidas para resolver esta cuestión. Ni los Estados Unidos ni otros muchos Estados reconocen la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental (…). El Acuerdo de Libre Comercio se aplicará al comercio y a las inversiones en el territorio de Marruecos internacionalmente reconocido, y no incluirá el Sahara Occidental”53 .

 

Sin duda, ésta debía haber sido la vía a seguir por la Unión Europea en las negociaciones con Marruecos. Y no es que pidamos que la Unión Europea sea más sensible ante las reclamaciones saharauis, sino únicamente que aplique con rigor el Derecho internacional, para el que, en otras cuestiones, reclama su cumplimento de forma tan firme.

 

IV. PERSPECTIVAS DE RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO. LA INTIFADA SAHARAUI.

 

El hecho de que el Plan Baker II, aprobado por el Consejo de Seguridad, y que cuenta incluso con el visto bueno del Frente POLISARIO pese a tratarse, como hemos tenido oportunidad de ver, de una mala solución para el pueblo saharaui (el censo para el referéndum de libre determinación contaría con la participación de un número de colonos marroquíes sensiblemente superior al de saharauis), haya sido rechazado de forma definitiva por Marruecos, no anima a ser optimistas sobre la resolución del conflicto. Menos aún cuando el Consejo de Seguridad ni siquiera se plantea la posibilidad de recurrir al Capítulo VII de la Carta, ante el seguro veto de Francia54 . En efecto, no parece que las Naciones Unidas vayan a ser capaces de desbloquear esta situación.

 

Abandonada o suspendida la aplicación del Plan de Arreglo, y siendo en apariencia el Plan Baker II el único punto de partida sobre el que hay consenso internacional –con la única excepción de Marruecos-, en los últimos tiempos se viene insistiendo en la propuesta española que apunta a la posibilidad de “retocar” el Plan de Paz, para hacer factible el consentimiento marroquí. Sin embargo, llegados a este punto, cabe preguntarse si realmente esto es posible. Como queda dicho, el Frente POLISARIO ha cedido ante cada uno de los obstáculos puestos por Marruecos al proceso de paz, ha terminado por aceptar un mal plan, contrario a la esencia de la doctrina de las propias Naciones Unidas en materia de descolonización, y su capacidad de maniobra es prácticamente nula, pues solo podría ceder ya renunciando al ejercicio del derecho a la libre determinación, lo que obviamente no ocurrirá. No en vano su pueblo espera desde hace ya treinta años recuperar el Territorio que le fue arrebatado por la fuerza. Como en este sentido ha señalado uno de sus máximos dirigentes, “el liderazgo saharaui no puede ofrecer a Marruecos lo que no posee. La soberanía del Territorio es un derecho del pueblo saharaui, y sólo él, a través de un referéndum, podría pronunciarse válidamente sobre ella”55 . También las Naciones Unidas han ido cediendo una y otra vez ante las trabas puestas por Marruecos, y tampoco serán ellas -esperemos- quienes dejen a un lado este derecho para dar una solución al conflicto que implique la consumación de una anexión practicada en violación de la legalidad internacional.

 

Pese a ello, el conflicto no puede prolongarse indefinidamente. Hay una serie de razones políticas y jurídicas que impiden que Marruecos consolide esa situación por el paso del tiempo. En efecto, desde el punto de vista jurídico, no hay duda de que se trata de un territorio pendiente de descolonización, sobre el que Marruecos no posee derecho alguno. Así, casi treinta años después de la ocupación del Territorio, hoy es el día en que ni un solo Estado ha reconocido la anexión. Este hecho ha sido, es y seguirá siendo una causa permanente de problemas para la diplomacia marroquí que, a la hora de negociar acuerdos en los más diversos ámbitos se encuentra una y otra vez con este escollo, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas como en el regional africano y magrebí. Debe tenerse en cuenta que la República Árabe Saharaui Democrática es miembro de pleno derecho de la Unión Africana, y que son más de setenta los Estados de todo el mundo que le han dado su reconocimiento, entre los que destacan los últimos, efectuados, nada menos, que por la República Sudafricana (15 de septiembre de 2004) y Kenia (25 de junio de 2005).

 

Pero hay además razones de humanidad para ello, porque el pueblo saharaui continúa desde hace treinta años dividido físicamente entre quienes huyeron a los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia) y quienes permanecieron en los territorios bajo la ocupación marroquí; porque las condiciones de vida para quienes se encuentran en cualquiera de estas dos situaciones son extremadamente duras: unos por sufrir en sus propias carnes la represión marroquí, otros por sufrir las penalidades de la dura vida en la hammada argelina, sobreviviendo gracias a la ayuda internacional. Lamentablemente, no parece que estas razones sean suficientes para que la comunidad internacional decida imponer una solución acorde con el ordenamiento internacional.

 

Pero el foco de resistencia de la población saharaui existe, y tiene vocación de permanencia hasta recuperar su territorio. Si, una vez decretado el alto el fuego (6 de septiembre de 1991), y hasta fechas bien recientes, las actividades de los saharauis se limitaban al ámbito de la diplomacia internacional y a gestionar los escasos recursos provenientes de la solidaridad internacional para organizar la difícil vida en los campamentos de refugiados, en los últimos tiempos, ante el estancamiento del proceso de paz, y animados por la incipiente aunque aún muy escasa apertura del régimen marroquí, la población saharaui de los territorios ocupados ha iniciado lo que, en algunos medios, se ha comenzado a denominar “intifada saharaui”56 . En efecto, si hasta ahora los principales quebraderos de cabeza para Marruecos se centraban, por una parte, en los campamentos de refugiados en Argelia, en relación, fundamentalmente, con la importancia de las personalidades que los visitaban y las denuncias que hacían de la falsedad del argumento oficial marroquí, según el cual “el Frente POLISARIO tiene secuestrados en Tinduf a 200.000 hermanos del Sur”, y, por otra, en la febril actividad diplomática saharaui, a la que tenía que hacer frente en los diferentes foros internacionales, ahora el problema se ubica en los territorios ocupados.

 

La presencia de medios de información internacionales, e incluso de algunos marroquíes, ha animado a los saharauis que viven bajo la represión militar extranjera a salir a la calle, y a manifestarse en contra de esta ocupación. Este levantamiento pacífico ha sido protagonizado en un primer momento por líderes saharauis que han pasado más de una década en las prisiones marroquíes, y que, una vez cumplidas sus condenas, han retomado la lucha política. Pero en la actualidad, es la población civil saharaui la que ha tomado conciencia de que, pese a las torturas y el peligro evidente que supone para sus vidas, en la situación actual de estancamiento -aparentemente sin solución- del Plan de Paz, no hay otra forma de que el mundo tome conciencia de la situación que manifestándose en la calle contra la ocupación. Obviamente no es que antes no existiera esa conciencia, pero la absoluta ausencia de medios de información no oficiales, unida a la represión militar marroquí, que se ha incrementado de forma alarmante en los últimos tiempos, impedía que cualquier acción tuviera repercusión internacional.

 

Está claro que en la coyuntura internacional actual resultaría muy complicado para el Frente POLISARIO retomar la vía de la lucha armada, por muy legítima que ésta sea, que lo es. Por una parte, a Francia y sus aliados les faltaría tiempo para incluir al pueblo saharaui entre los sospechosos de impulsar el terrorismo internacional, y, por otra, pese a su apoyo incondicional a la causa saharaui, a Argelia tampoco le interesa un conflicto armado con Marruecos, máxime en un momento en que sus relaciones con los EEUU y la UE son especialmente buenas. Quizás sería posible una reanudación de hostilidades de baja intensidad. Sin embargo, si tenemos en cuenta el desarrollo de los acontecimientos en conflictos similares, la vía del levantamiento civil se presenta en estos momentos como la más efectiva a la hora de concienciar a la comunidad internacional sobre la necesidad de una intervención más decidida. La violencia desproporcionada utilizada por Marruecos para hacer frente a este levantamiento, y las duras condenas recaídas en los últimos tiempos sobre los saharauis que han sido detenidos en las calles del Sahara Occidental ocupado por manifestarse a favor del referéndum, son buenas muestras del nerviosismo que ha cundido en el Gobierno marroquí, ante una situación que parece escapársele de las manos57 . En este sentido, cabe destacar que la propia Unión Europea, desde la esquizofrénica equidistancia que trata de mantener respecto de las dos Partes, da muestras evidentes de inquietud por el cariz que están adquiriendo los acontecimientos en los últimos tiempos. Así, el 23 de junio de 2005, el Parlamento Europeo remitió una carta al SG de las Naciones Unidas en la que, además de recordar que se trata de un territorio ocupado, pendiente de descolonización, pide a la ONU que presione a Marruecos para que ponga fin a la represión contra los saharauis58 . No deja de sorprender, por otra parte, que haga esta petición a las Naciones Unidas, como si la UE no tuviera arte ni parte en el conflicto.

 

Sin embargo, este tipo de acciones es claramente insuficiente para hacer frente a la grave situación por la que está atravesando la población saharaui en su propia tierra.

 

Las torturas, desapariciones, destrucciones de viviendas, juicios sin garantías procesales, y largas condenas recaídas sobre los manifestantes en el Sahara Occidental, que han sido denunciados por Amnistía Internacional59 , deben ser objeto de una acción internacional más contundente. El ejemplo de Timor Oriental revela claramente que las Naciones Unidas no intervendrán en el ámbito del Capítulo VII más que cuando la situación esté prácticamente descontrolada; la Unión Europea sigue siendo un espectador de lujo de lo que sucede en sus puertas, y tampoco parece que vaya a dar señales de vida mientras el caos en el territorio no sea generalizado. En estas circunstancias, más que nunca, el protagonismo debería ser de quien tiene una evidente responsabilidad histórica en la situación actual. España debe asumir de una vez por todas en este conflicto la defensa de la legalidad internacional.

 

V. ESPAÑA ANTE EL CONFLICTO SAHARAUI.

 

Con independencia de que, en función de la coyuntura nacional e internacional, sus posiciones hayan fluctuado más o menos cerca de las del Frente POLISARIO o de Marruecos, lo cierto es que los sucesivos Gobiernos españoles de la democracia han venido apoyando de forma clara el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, bien expresamente, bien mediante una remisión a las resoluciones de las Naciones Unidas al respecto.

 

Especial atención merece la política española de los últimos tiempos. A nadie se le escapa que el incidente del islote de Perejil y la reacción del Gobierno del Partido Popular constituyeron un punto de inflexión en las entonces ya difíciles relaciones con Marruecos. Aunque no falta quien piensa que el Gobierno español de la época inició entonces, tras el incidente, un acercamiento a los planteamientos del Frente POLISARIO (que, dicho sea de paso, no son otros que los del Derecho internacional), lo cierto es que este acercamiento se había producido con anterioridad, y muy probablemente la iniciativa marroquí en el islote pretendió en realidad “recordar” a España que, de persistir en ese acercamiento, procedería de una forma más contundente a reclamar Ceuta y Melilla. Desgraciadamente este acercamiento no tuvo mayor virtualidad, y no llegó a suponer un compromiso más firme de España con la legalidad internacional. En efecto, nuestro país dejó pasar la oportunidad que se le presentaba al ser miembro del Consejo de Seguridad (enero de 2003), para tomar la iniciativa y hacer frente de forma abierta a la permanente e intransigente postura francesa, limitándose a señalar que apoyaba la libre determinación saharaui, de conformidad con las resoluciones de la ONU.

 

La llegada del Partido Socialista al Gobierno fue recibida por los saharauis con una no disimulada desconfianza respecto de la postura que adoptaría España en el nuevo contexto, pues recordaban bien la posición del anterior Gobierno socialista. Quizás sea pronto para sacar conclusiones sobre cuál es la posición española en este momento, aunque hay ya algunos indicios que parecen confirmar las sospechas que apuntábamos. En efecto, el discurso del actual Gobierno insiste en la necesidad de que se respeten las resoluciones de la ONU, pero hace una reiterada referencia a la necesidad de alcanzar una solución “aceptable para ambas partes”, colocando de esta forma en un mismo plano al pueblo saharaui y a Marruecos, con lo que parece pretender que quien sufre las consecuencias de una violación del Derecho internacional debe tender su mano a quien lo viola, y renunciar, como vía de arreglo, nada menos que a su propio territorio. Por desgracia, nuestro país parece seguir el perverso mensaje del SG cuando señalaba que un referéndum de libre determinación supondría “que todo va al ganador”; en efecto, este planteamiento parece indicar que, si finalmente se celebrara un referéndum en el que participaran los saharauis y solo ellos, el hecho de que después de haber sufrido la ocupación del territorio, quince años de guerra, y treinta de exilio, recuperaran lo que es suyo sería una injusticia, porque “la otra parte no conseguiría nada”.

 

El Gobierno español sigue tratando de mantener una imposible equidistancia (¿entre el Derecho internacional y su violación?), y aunque explícitamente ha apoyado el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui60 , su abstención por vez primera en la votación de la resolución que anualmente viene aprobando la Asamblea General de las Naciones Unidas, reafirmando el mencionado derecho del pueblo saharaui a su libre determinación (diciembre de 2004), plantea serias dudas sobre el camino que seguirá en el futuro61 . Peor aún. Las manifestaciones efectuadas en los últimos tiempos por el Sr. MORATINOS, que, preocupado por las crecientes críticas en la opinión pública, se ha visto obligado a publicar una carta en la prensa española, tratando de defender la posición del Gobierno en relación con el conflicto saharaui, parecen confirmar que la intervención española en el conflicto se va a limitar a proponer una reforma del Plan Baker II62 . Cuando uno de los principales argumentos del Partido Socialista en la campaña electoral que le llevó al Gobierno fue la reivindicación de la legalidad internacional en el conflicto iraquí, y una de sus primeras decisiones fue la retirada de los militares españoles que se encontraban en ese país en contravención de las resoluciones de las Naciones Unidas, no debería hacer falta recordarle que legalidad internacional no hay más que una. Y que si ilegal era la presencia española en Irak, ilegal es la marroquí en el Sahara Occidental. Las “desavenencias entre las partes”, consideradas por el Ministro como causa de la prolongación del conflicto, se deben a la intransigencia de una de ellas, Marruecos, que se niega a cumplir la legalidad internacional vigente, a concluir un Plan de Arreglo que cuenta con su propio consentimiento, a aceptar un censo para el referéndum elaborado por las Naciones Unidas a partir de unos criterios consensuados entre las partes, y a aceptar un Plan de Paz claramente favorecedor de sus intereses, que, incluso, ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad. Esas “desavenencias entre las partes” enfrentan hoy no a Marruecos y al Frente POLISARIO, sino a Marruecos y a la comunidad internacional. Es fácil entender la preocupación del Gobierno español por mantener unas relaciones fluidas con un Estado vecino, con el que está obligado a entenderse. Pero en ningún caso los intereses económicos de un país pueden estar por encima de la legalidad internacional.

 

Como hemos señalado anteriormente, las cuatro opciones propuestas por el SG en 2003 (continuar con el plan de Arreglo o continuar con el Acuerdo Marco, en ambos casos sin el consentimiento de las partes, la partición del territorio y la retirada de la MINURSO) fueron desechadas por el Consejo de Seguridad.

 

a) Pese a que la primera opción, que cuenta con el consentimiento de los saharauis, hubiera sido, sin duda, la más razonable -puesto que no sería más que dejar en manos de la ONU la conclusión del proceso de identificación en su fase de apelaciones y la organización del referéndum, aplicando simple y llanamente un acuerdo pactado libremente entre las partes-, fue la primera desechada, dado el veto de Francia.

 

b) La opción de la partición ni siquiera fue objeto de mayores debates, dado que ninguna de las partes la aceptaban, pese a que fue defendida entre los analistas españoles como una opción posibilista, y Baker no descarta su futura virtualidad63 .

 

c) La tercera opción, la retirada de la MINURSO, fue descartada una vez más por el Consejo de Seguridad (como hemos tenido oportunidad de señalar, antes lo había sido la propuesta en este mismo sentido de Butros Gali).

 

d) Finalmente, también se descartó la aplicación del Acuerdo Marco, que contaba con el consentimiento de Marruecos, pero que era abiertamente contraria a la política descolonizadora de las propias Naciones Unidas. Sin embargo, esta última vía, que hacía especial hincapié en la autonomía como forma de superar el conflicto, contó con no pocos adeptos entre los analistas españoles, que entendían que la celebración de un referéndum en el Territorio podría tener como consecuencia la desestabilización de Marruecos, un país que se debate entre el problema del integrismo, la pobreza estructural y los ruidos de sables, lo que le llevaría a un caos seguro. La forma de evitarlo, fortaleciendo de paso la lucha contra el integrismo terrorista, sería la aceptación por el Frente POLISARIO de un régimen de autonomía en el marco de la integridad territorial marroquí64 

 

Con independencia de que la referencia a Marruecos como un Estado en el que sería posible una descentralización autonómica a imagen de la española es hoy por hoy una quimera, estos analistas pretenden que el pueblo saharaui renuncie a sus derechos, reconocidos por el ordenamiento internacional, y sea moneda de cambio para favorecer la estabilidad de una monarquía autárquica, que viola los derechos humanos de sus propios ciudadanos, y que incumple igualmente sus propios compromisos internacionales. Entre ellos no faltan, incluso, quienes no dudan en poner como ejemplo a seguir la solución autonómica española para atender las demandas de los “nacionalismos gallego, catalán o vasco”65 . En este sentido, debe recordarse que el Derecho internacional reconoce el derecho a la libre determinación a los pueblos sometidos a dominación colonial, y el caso saharaui constituye, desgraciadamente, su ejemplo más ilustre. Comparar un problema de descolonización y de ocupación militar de un territorio, con los casos gallego, catalán o vasco, en un Estado de Derecho como el español, está fuera de lugar, y, desde el punto de vista jurídico, es un perfecto despropósito.

 

Por otro lado, ¿olvidan quienes defienden la vía autonomista la forma en que se resolvió el conflicto de Eritrea? Se trata del único precedente de la descolonización africana en que, en vez de organizar un referéndum de autodeterminación en el territorio, en el que su población decidiera libremente su futuro, y cediendo a las presiones de un Estado contiguo (Etiopía), las Naciones Unidas auspiciaron un régimen de autonomía dentro de la integridad territorial de dicho Estado. Meses después esta autonomía fue suprimida, lo que llevó a la población eritrea a protagonizar una cruenta guerra de liberación nacional, que concluyó con su independencia. Como se ve, un ejemplo muy poco edificante de las bondades de un régimen autonómico, cuando se pasa por encima de la voluntad de la población. Obviamente, las Naciones Unidas no pueden volver a caer en el mismo error. En el Plan Baker II conviven estas dos opciones, aunque de forma sucesiva (autonomía y referéndum), pero a la vista del censo que participaría en éste último, es evidente que el Plan es muy próximo a la solución autonomista, en el marco de la integridad territorial marroquí.

 

Pero, yendo más allá, y pese al compromiso del Frente POLISARIO de aceptar el resultado del referéndum, ¿quién garantiza que ya en su territorio, y tras decidir los colonos su futuro, se acabaría con la resistencia saharaui a la ocupación?, ¿aceptaría pacíficamente la población saharaui formar parte del Estado que por las armas ocupó su territorio y les expulsó de él? En nuestra opinión, una resolución del conflicto que no pase por el sufragio universal de los saharauis, y sólo de éstos, no será nunca una solución definitiva, sino un mal remiendo. Las Naciones Unidas y nuestro Gobierno lo saben y deberían trabajar para que esto no ocurra.

 

En San Sebastián, a 18 de agosto de 2005

 


 

VI. ANEXO. Manifiesto de los profesores españoles de Derecho internacional y Relaciones Internacionales sobre el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental (San Sebastián, 27 de junio de 2003)66

Los profesores españoles de Derecho internacional y Relaciones Internacionales, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde,

Teniendo en cuenta que el proceso de libre determinación del Sahara Occidental se encuentra, transcurridos veintisiete años desde el abandono del territorio por España, en un momento crucial,

Considerando las obligaciones internacionales de España, y, en particular, las que se derivan de su estatuto de potencia colonizadora, así como de su actual condición de miembro del Consejo de Seguridad,

Recordando el constante compromiso de los gobiernos constitucionales españoles con una solución basada en la libre expresión de la voluntad del pueblo saharaui,

MANIFESTAMOS lo siguiente

1. La Corte Internacional de Justicia, órgano judicial principal de las Naciones Unidas, en su dictamen sobre el Sahara Occidental (1975), consideró aplicable la Resolución 1514 (XV) a la descolonización del citado territorio y, en particular, el principio de autodeterminación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad del pueblo saharaui.

2. La Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General afirma el derecho de los pueblos coloniales, condición actual del pueblo saharaui, a su independencia completa, mediante la consulta a su población.

3. A los efectos del ejercicio del derecho inalienable a la libre determinación, por pueblo saharaui debe considerarse el conjunto de personas incluidas en el censo confeccionado por España en 1974, actualizado por las Naciones Unidas en aplicación del Plan de Arreglo que fue aceptado por Marruecos y el Frente POLISARIO en 1990.

4. El territorio del Sahara Occidental posee, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, una condición jurídica distinta y separada de la potencia que lo ocupa, no pudiendo considerarse en ningún caso parte integrante del territorio marroquí, por lo que ningún Estado deberá concertar acuerdo alguno con Marruecos que directa o indirectamente suponga reconocer, o pueda interpretarse como el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio del Sahara Occidental.

5. El pueblo del Sahara Occidental posee soberanía permanente sobre los recursos naturales del territorio. Todo Estado debe abstenerse de concertar acuerdos con Marruecos que impliquen la exploración y/o explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental.

6. El mantenimiento de la ocupación por la fuerza del territorio del Sahara Occidental constituye, además, una violación manifiesta del derecho fundamental del pueblo saharaui a su libre determinación, de conformidad con los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas.

7. El Derecho internacional General establece la obligación de todos los Estados de no reconocer la situación creada por la violación grave de una norma imperativa, como es la que se deriva de imponer a un pueblo colonial un régimen de ocupación por otro Estado, así como la obligación de todos los Estados de no contribuir a su consolidación.

8. El gobierno español tiene la obligación jurídica, política y moral de tomar todas las medidas necesarias en orden a garantizar la libre determinación efectiva del pueblo saharaui, y contribuir así a la estabilidad global de la Región.

9. España debe promover el estricto cumplimiento del Derecho internacional, manteniendo en el seno del Consejo de Seguridad una posición firme en defensa de la aplicación del Plan de Arreglo aprobado por este mismo órgano en 1990, único aceptado por las partes implicadas e interesadas y que contiene todos los elementos necesarios para una solución justa, viable y equitativa, acorde con el Derecho internacional. La responsabilidad de España respecto del pueblo saharaui no finalizará hasta que éste haya ejercido su derecho a la libre determinación.

10. Las Naciones Unidas y sus Estados miembros tienen la responsabilidad principal en materia de descolonización. El mantenimiento por la fuerza de una situación colonial puede constituir uno de los supuestos susceptibles de determinar la aplicación por el Consejo de Seguridad de todas las medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas.

 

 El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación titulado “Derechos humanos, responsabilidad internacional y seguridad colectiva: intersección de sistemas”, del Ministerio de Educación (MCT BJU 2002-00559).

 Profesor Titular de Derecho internacional Público. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

© Juan Soroeta Liceras. Todos los derechos reservados

 


 

1  Para evitar confusiones, en ocasiones interesadas, con la expresión “Plan de Arreglo” nos referirnos en este trabajo al acuerdo inicial alcanzado entre el Frente POLISARIO y Marruecos en 1988, y aprobado por el Consejo de Seguridad en 1991, en contraposición al “Plan de Paz”, que es la denominación que se viene dando en la terminología de las Naciones Unidas al plan propuesto por el Enviado Personal del Secretario General en el Sahara Occidental, James Baker, denominado oficialmente “Plan de Paz para la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental” (Plan Baker II). Sobre el desarrollo del conflicto a partir del abandono español del Territorio y los problemas jurídicos que se han ido planteando desde entonces, nos permitimos remitir al lector a nuestra obra “El conflicto del Sahara Occidental, reflejo de las contradicciones y carencias del Derecho internacional", Bilbao, 2001.

2  Informe del Secretario General de 19 de diciembre de 1991 (S/23330).

 

3  En efecto, en una “carta confidencial” que remitió Manz al Secretario General en el momento de su renuncia, de la que se hizo eco Le Monde Diplomatique (noviembre de 1992, p. 13), señalaba como causa principal de la misma el hecho de que “tras una serie de encuentros con oficiales marroquíes, el Secretario General ha introducido alteraciones en el Plan de Paz sin consultarme”.

4  Informe del Secretario General de 10 de marzo de 1994 (S/1994/283).

5  Informe del Secretario General de 8 de mayo de 1996 (S/1996/343).

6  Informe del Secretario General de 27 de febrero de 1997 (S/1997/166).

7  El texto de estos acuerdos puede consultarse en el informe del Secretario General de 24 de setiembre de 1997 (S/1997/742, Anexo II). Los protocolos y directrices que complementaban a estos acuerdos pueden consultarse en los documentos S/1999/483, Add.1, S/1999/554 y S/1999/555.

8  Memorandum del Frente POLISARIO relativo al plan de paz para el Sahara Occidental, de 19 de septiembre de 2000 (http://www.arso.org/fpmemos0900.htm).

9  Como señalara el entonces Vicepresidente de la Comisión de Identificación de la MINURSO, el senador norteamericano Frank RUDDY, "la MINURSO se convirtió en el instrumento de dominación marroquí del proceso de identificación"; la libertad de movimiento de sus miembros en el territorio fue restringida y sometida a un control policial tal “que los teléfonos están intervenidos, se intercepta el correo e incluso se registran con frecuencia las habitaciones del personal de la MINURSO” (cfr. RUDDY, F., "Review of United Nations Operations and Peacekeeping", Statement before Subcommittee on the Departments of Commerce, Justice and State, The Judiciary and Related Agencies, 25 de enero de 1995).

10  Cfr. S/1996/343.

11  Cfr. “Propuestas oficiales presentadas por el Frente POLISARIO para superar los obstáculos que impiden que se aplique el plan de arreglo”, S/2001/613, Anexo IV, apéndice, párr. 1.

12  Entre los muchos ejemplos que podrían traerse a colación, en 1996, en uno de los momentos de paralización del Plan, Marruecos explicó a Butros Gali que las reuniones que debían llevarse a cabo con los representantes del Frente POLISARIO, “no tendrían lugar en tanto no se reconociera la soberanía de Marruecos como requisito previo (sic) para el examen de cualquier propuesta” (cfr. Informe del Secretario General de 20 de junio de 2001, S/2001/613, párr. 32). Frente a esta postura de Marruecos, el Secretario General reconoce en múltiples ocasiones que el Frente POLISARIO “reiteró su promesa de respetar los resultados del referéndum” (ibid., párr. 34).

13  Cfr. Informe del Secretario General de 20 de junio de 2001, S/2001/613, párrs. 21 y 22.

14  Cfr. Ibid., párr. 29.

15  Cfr. Informe del Secretario General de 20 de junio de 2001, S/2001/613, párr. 53.

16  Cfr. Ibid., párr. 29.

17  Cfr. Ibid., párr. 55.

18  Memorandum de Argelia a la propuesta de Acuerdo Marco (S/2001/613, Anexo II)

19  Cfr. Informe del Secretario General de 23 de mayo de 2003, S/2003/565, párr. 35 (la cursiva es nuestra).

20  Cfr. Informe del Secretario General de 19 de febrero de 2002, S/2002/178.

21  Al referirse a esta opción el Secretario General reiteraba que “no habría ningún mecanismo para obligar a poner en práctica los resultados de ese referéndum” (ibid., párr. 44).

22  Cfr. Informe del Secretario General de 23 de mayo de 2003, S/2003/565, párr. 52.

23  Cfr. Ibid., párr. 53.

24  Cfr. Informe del Secretario General de 16 de octubre de 2003, S/2003/1016, párr. 27.

25  Cfr. “Observaciones del Reino de Marruecos sobre la nueva propuesta del Sr. James Baker titulada: "Plan de paz para la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental” (S/2003/565, Anexo III).

26  Sobre la incompatibilidad de la propuesta de Baker con la Constitución marroquí, cfr. C. RUIZ MIGUEL, “la tercera vía ante el Derecho constitucional marroquí: una autonomía imposible” (http://sahara_opinions.site.voila.fr).

27  Cfr. “Observaciones del Reino de Marruecos sobre la nueva propuesta del Sr. James Baker titulada: "Plan de paz para la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental” (S/2003/565, Anexo III, párr. 22).

28  Cfr. Informe del Secretario General de 11 de junio de 2004, S/2004/492. En declaraciones posteriores, Baker culpó expresamente a Marruecos del fracaso del proceso de paz, y no dudó en calificar de “lógica” la posible vuelta a la lucha armada por parte del Frente POLISARIO, ante la intransigencia marroquí (texto íntegro de la entrevista, realizada el 19 de agosto de 2004, en http://arso.org.site.voila.fr/BakerPBSes.htm).

29  Carta de fecha 8 de marzo de 2003 dirigida al Secretario General por el Secretario General del Frente POLISARIO (S/2003/565, Anexo III).

30  ¿Deberían volver los refugiados durante el período de un año de plazo entre la entrada en vigor del Plan de Paz y la celebración de las elecciones? ¿no sería una trampa mortal para ellos, máxime a la vista de lo sucedido en otros procesos como los de Ruanda o Timor Oriental?

31  En plena represión en los territorios ocupados saharauis, el Frente POLISARIO ha liberado, de forma unilateral, a los presos de guerra marroquíes que permanecían en su poder (18 de agosto de 2005), mientras Marruecos ni reconoce ese estatus a los presos de guerra saharauis, ni ha informado del paradero de más de 500 soldados saharauis, que permanecen desaparecidos desde la época en que se desarrolló el conflicto bélico.

32  Memorando sobre la cuestión del Sahara Occidental dirigido a los Estados miembros de las Naciones Unidas por el Frente POLISARIO (A/59/314 y S/2004/704, de 1 de septiembre de 2004).

33  Cfr. Informe del Secretario General de 19 de abril de 2005 (S/2005/254, párr. 22).

34  Cfr., entre otros, los informes del Secretario General de 20 de junio de 2001 (S/2001/613, párrs. 2 y 42) o de 23 de mayo de 2003 (S/2003/565, párrs. 37 y 38).

35  Cfr. las resoluciones 379 (1975), de 2 de noviembre, y 380 (1975), de 6 de noviembre.

36  En el mismo sentido, cabe recordar la Resolución 12 (XXXVII), de 6 de marzo de 1981, de la Comisión de Derechos Humanos sobre "Negación al pueblo del Sahara Occidental de su derecho a la libre determinación y de otros derechos humanos fundamentales como consecuencia de la ocupación de su territorio por Marruecos", en la que "deplora la persistente ocupación del Sahara Occidental por Marruecos". Igualmente cfr. el documento E/CN.4/L.1489, o la Resolución 4 (XXVI), de 15 de febrero de 1980.

37  Esta es además la postura del Paramento Europeo, que en una de sus últimas resoluciones sobre el conflicto (14 de abril de 2005) recuerda que “el hecho de que la población saharaui se encuentre en campamentos de refugiados en Argelia es debido a una descolonización inacabada”.

38  En este sentido, resulta elocuente el problema diplomático que se ha planteado recientemente (mayo de 2005) en Noruega en relación con la postura oficial de este Estado respecto del estatuto jurídico del Sahara Occidental. En efecto, su embajador en Marruecos, Arne Aasheim, visitó y promovió públicamente las inversiones noruegas en la industria pesquera del Sahara Occidental, en manifestaciones efectuadas a la televisión pública noruega, en las que señaló que “hay condiciones geográficas y étnicas que validan las reivindicaciones marroquíes sobre el Sahara Occidental”. Como consecuencia de tales manifestaciones, fue llamado a consultas por el Ministro de Asuntos Exteriores de este país, un Estado que prohíbe expresamente a las empresas noruegas llevar a cabo cualquier tipo de inversión en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Finalmente, el embajador se vio obligado a hacer una rectificación pública.

39  Resolución 58/102 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 17 de diciembre de 2003.

40  Resolución AHG.92 (XV), aprobada el 23 de junio de 1979.


 

41  Documento S/2002/161, de 12 de febrero de 2002.

42  La campaña efectuada por estas ONGs puede seguirse a través de la página de Internet http://www.arso.org/ .

43  En efecto, en junio de 2005 el ministro de Finanzas noruego, Per-Kristian Foss, hizo pública la decisión de su país de retirar su participación en la mencionada compañía, al considerar que esa empresa “cometía una violación especialmente grave de las normas éticas, porque pueden fortalecer las demandas de soberanía de Marruecos y perjudicar el proceso de paz de la ONU” (Cfr. EL PAÍS, 21 de junio de 2005).

44  En este sentido, parece que las compañías petrolíferas comienzan a tomar en serio el informe de la Asesoría Jurídica de las Naciones Unidas, como demuestra el comunicado de la RASD efectuado el 29 de julio del año en curso, en el que señala lo siguiente: “The SADR government takes note of the announcement made on 29 July by Baraka Petroleum Limited that it ‘has agreed to conduct a joint study with Roc Oil Company Limited (ROC)’ to evaluate the Cap Juby prospect in offshore Morocco. Baraka's statement mentions that ‘Baraka and ROC will concentrate their study on the Cap Juby heavy oil discovery and previously identified target areas’ and that their immediate areas of interest are in Moroccan waters. The SADR government has been assured by the companies involved that the area to be evaluated does not lie in the offshore territory of the SADR. Furthermore, this license does not overlay or impact any of the license areas offered in the SADR Licensing Round announced in May this year” (cfr. http://www.arso.org/SADRoilaandgasBaraka.htm ).

45  Es decir, al sur de la frontera internacionalmente reconocida entre Marruecos y el Sahara Occidental, esto es, del paralelo 27º 40'.

46  En este sentido, resulta muy significativo el contenido literal de la pregunta oral (H-0459/05), presentada el 30 de mayo de 2005 por Raúl Romeva i Rueda a la Comisión, y la respuesta de ésta. La pregunta dice lo siguiente: “La Comisión Europea ha anunciado recientemente el inicio de un proceso negociador con el Reino de Marruecos con vistas a la firma de un acuerdo pesquero. Sin embargo, un aspecto importantísimo del futuro acuerdo pesquero son las aguas del Sahara Occidental, es decir, entre el paralelo 27º 40' N y Cabo Blanco. La ONU considera que Marruecos no tiene ni la soberanía sobre el territorio ni puede ser considerada «Potencia Administradora» del mismo, según quedó claro en el Dictamen del Responsable de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas de 29 de enero de 2002. ¿Piensa Comisión Europea excluir las aguas del Sahara Occidental del Acuerdo que, en su caso, se firme con el Reino de Marruecos en materia pesquera?”. La sorprendente respuesta de la Comisión (H-0459/05), efectuada el día 5 de julio de 2005 es la siguiente: “En el marco de las negociaciones de un acuerdo de asociación con una tercera parte, la Comisión se rige por los principios del Derecho internacional, en particular los que se derivan de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982. La Comisión está también al corriente del dictamen jurídico del Vicesecretario General de las Naciones Unidas para Asuntos Jurídicos sobre los recursos naturales del Sahara Occidental. Teniendo esto en cuenta, la Comisión tiene la intención de negociar con Marruecos un Acuerdo de asociación en materia de pesca que sería aplicable a las aguas que se encuentran bajo la soberanía o la jurisdicción de Marruecos” (la cursiva es nuestra).

El Jefe de la delegación negociadora de la Comisión Europea, César Debén, ha justificado el hecho de que el acuerdo incluya las aguas del Sahara Occidental, aclarando que este hecho se produce “no porque la Comisión considere que se trata de aguas marroquíes”, sino porque "están bajo administración marroquí", lo que se derivaría, nada menos que del contenido de los acuerdos tripartitos de Madrid. En su opinión, “el pueblo saharaui se beneficia también de los ingresos económicos y de la creación de empleo de este acuerdo"; la Comisión “quiere evitar que un acuerdo de pesca, que es un acto de cooperación económica, pueda ser manipulado en un marco político”50 . Casi treinta años después de la firma de estos acuerdos, que, debe recordarse

47  La información relativa a este acuerdo puede encontrarse en la dirección de Internet de la Comisión Europea: http://europa.eu.int .

48  Resulta muy significativo que el propio Secretario de Estado de la época señalara, tan sólo tres días después de la conclusión del acuerdo de 1983, que "debe quedar muy claro que en los Acuerdos de Pesca con Marruecos, España cuida mucho no reconocer la soberanía de este país sobre el Sahara Occidental. En estos Acuerdos se utilizan, deliberadamente, expresiones matizadas para diferenciar entre las aguas territoriales marroquíes y el banco pesquero sahariano" ("Contestación formulada por el Gobierno en relación con la pregunta del Diputado Sr. López Raimundo, relativa a la política española hacia el Sahara", B.O.C.G., de 23 de septiembre de 1983, o Actividades, textos y Documentos de la Política Exterior Española, 1983, p. 482 y s.)

49  El artículo 1 del acuerdo señalaba que se regulaban “las modalidades de cooperación (...) en las aguas de soberanía o de la jurisdicción del Reino de Marruecos, en adelante denominados zona de pesca de Marruecos”. De esta forma evitaba la referencia a la soberanía sobre las aguas correspondientes al territorio del Sahara Occidental, que se corresponderían con las aguas “bajo jurisdicción”, que no “bajo la soberanía” de Marruecos. También en esta ocasión la contestación del Gobierno afirmaba, que España considera que el caso del Sahara Occidental es un caso inconcluso de descolonización, “que sólo finalizará cuando el pueblo saharaui pueda expresarse válidamente sobre su futuro en un referéndum de autodeterminación con las debidas garantías internacionales”, y que el acuerdo de pesca con Marruecos “no prejuzga la soberanía o jurisdicción de Marruecos sobre aguas que no le correspondan.” (Actividades, textos y Documentos de la Política Exterior Española, 1987, p. 364, y B.O.C.G. de 3 de octubre de 1987).

50  El contenido de estas manifestaciones pueden consultarse en la prensa de los días 31 de julio y siguientes del año en curso, a partir de la información de Europa Press de 28 del julio

51  EL PAÍS, 8 de agosto de 2005.

52  Documento de la Comisión Europea IP/05/1051, de 10 de agosto de 2005. La cursiva es nuestra.

53  El autor posee una copia de dicho documento, facilitado por el Frente POLISARIO.

54  Esta posibilidad fue planteada por James Baker al Consejo de Seguridad, aunque el Enviado Personal de Kofi Annan era consciente de que el veto francés impediría que ni siquiera se llegara a debatir la cuestión.

55  A. Bujari, “La cuestión saharaui y los analistas españoles”, EL PAÍS, 7 de mayo de 2005.

56  Así, por ejemplo, el presidente argelino Buteflika ha comparado recientemente el levantamiento saharaui con la intifada palestina (cfr. EL PAÍS, editorial de 6 de junio de 2005).

57  El 26 de mayo de 2005 el presidente de la RASD remitió una carta a la Presidenta del Consejo de Seguridad en el que denunciaba la represión marroquí en la zonas ocupadas del Sahara Occidental para hacer frente a manifestaciones pacíficas, en las que civiles saharauis solicitaban “la liberación de todos los presos políticos saharauis, el esclarecimiento del destino de todos los desaparecidos y la entrega de los restos mortales de los fallecidos, así como el ejercicio del derecho a su libre determinación mediante la celebración de un referéndum libre, justo y transparente para que los saharauis decidan su futuro, conforme a las resoluciones de la Asamblea General de la ONU y de su Consejo de Seguridad”. Igualmente solicitaba del Consejo de Seguridad que la MINURSO asumiera un papel más activo en la defensa de la población saharaui, ya que asiste a la represión sin intervenir (http://www.spsrasd.info/sps-s260505.html#4 ). Por otra parte, en un comunicado de prensa, efectuado el 1 de agosto de 2005, Amnistía Internacional se ha hecho eco de estos hechos, y ha denunciado la represión marroquí contra el levantamiento saharaui.

58  Esta carta, suscrita por 104 parlamentarios, señalaba lo siguiente: “Nos dirigimos a usted en referencia a la grave situación que se está viviendo actualmente en el territorio del Sahara Occidental ocupado por Marruecos. Desde el 21 de mayo de 2005 se vienen produciendo en el Sahara Occidental manifestaciones pacificas reclamando el cumplimiento de las resoluciones de la ONU como única solución a un conflicto que dura ya casi 30 años. Las autoridades marroquíes respondieron a dichas manifestaciones con una brutal represión violando así las reglas más elementales del derecho de manifestación y de libre expresión (…). Por ello exigimos: 1. Presionar a Marruecos para que cese de forma inmediata la represión contra los civiles. 2. Permitir la entrada y facilitar el trabajo de los medios de comunicación nacionales e internacionales sin ningún tipo de restricciones. 3. La creación de una comisión internacional de investigación de los hechos. 4. La presencia constante de observadores internacionales y organizaciones de Derechos Humanos con el objetivo de proteger a la población civil saharaui acosada constantemente por el ejército, la policía y fuerzas de intervención rápida".

59  Cfr. AI: MDE 29/004/2005 (Público), Servicio de Noticias 207/05, 1 de agosto de 2005, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE290042005.

60  Bernardino León, Secretario de Estado de Exteriores del Gobierno socialista declaró el 7 de junio de 2005 en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf lo siguiente: “estamos dispuestos a llegar a una solución justa, a una solución permanente que permita la libre determinación del pueblo saharaui en un referéndum, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas. Las imágenes de la intervención pueden verse en la página web de la televisión de la República Árabe Saharaui Democrática (http://www.rasd-tv.com ).

61  Así, pese a que el 10 de diciembre de 2004 las dos Cámaras del Parlamento español se pronunciaron a favor de que España intervenga en el conflicto saharaui, defendiendo la aplicación de las resoluciones de la ONU y el plan Baker II, su representante en la Asamblea General se abstuvo a la hora de aprobar la Resolución de la Asamblea General (14 de diciembre de 2004).

62  En esa carta, el Ministro calificaba la postura española de “actitud de compromiso activo, que pretende ante todo sacar el proceso internacional de arreglo del Sahara de su estancamiento actual”, al que se habría llegado como consecuencia de “las desavenencias entre las partes”. Este propósito se conseguiría mediante la identificación de “las claves ocultas del estancamiento político”. De esta forma, apunta a la necesidad de “retocar” el Plan Baker II, volviendo la consabida retórica de la necesidad de alcanzar una fórmula “que, respetuosa de la legalidad internacional, sea mutuamente aceptable para las partes” (cfr. EL MUNDO, 2 de agosto de 2005).

63  En este sentido, Vicenç Fisas proponía la partición del Territorio, y el establecimiento de una amplia autonomía en la parte que quedaría bajo control marroquí, para que, después de cinco o diez años, las dos partes del Territorio decidieran en un referéndum el estatuto definitivo del mismo (la posibilidad de unificar ambos territorios o de continuar separados), aunque esta propuesta de un referéndum posterior no resolvía la cuestión nuclear del censo, caballo de batalla de todo el proceso (“Una propuesta de paz para el Sahara”, EL PAÍS, 27 de abril de 2002). Cfr. la postura de Baker respecto de esta posibilidad en la entrevista referida anteriormente (http://arso.org.site.voila.fr/BakerPBSes.htm).

64  En efecto, desde ilustres firmas como las de Solé Tura, o del Premio Nobel, Vargas Llosa, tan imprescindible esta última en el ámbito de la literatura como prescindible y desafortunada en el de la política internacional, se ha reivindicado la vía autonomista en aras de la estabilidad del Magreb y del realismo político, que sería una solución “injusta, pero posible”. Así, Solé Tura se preguntaba “si es o no factible hoy, o si lo puede ser dentro de poco, que en el Sahara Occidental se abra un espacio que pueda convertir al POLISARIO en miembro autónomo de un territorio federal dentro de una monarquía . marroquí. Si en nuestro país fuimos capaces de crear diecisiete autonomías dentro de una monarquía, ¿por qué no se puede crear una amplia autonomía saharaui dentro de otra monarquía?” (J. Solé Tura, “El Frente POLISARIO, entre Marruecos y Argelia”, EL PAÍS, 29 de julio de 2002). Por su parte, Vargas Llosa señalaba lo siguiente: “Aplastado entre dos colosos, el destino de esta nación pigmea (sic), no importa cuán grande fuera su heroísmo, oscilaría inevitablemente entre el desgarramiento o el vasallaje (…) ¿Hay algún modelo posible que pueda servir para diseñar una fórmula funcional que garantice al POLISARIO un régimen de avanzada autonomía dentro de la monarquía marroquí? El de las autonomías que se estableció en España al término de la dictadura franquista, sin la menor duda. Es un régimen que ha funcionado, pese a todas las justas críticas que se le pueda hacer (…)” (M. Vargas Llosa, “Lo justo y lo posible”, EL PAÍS, 4 de agosto de 2002). Cfr. igualmente la respuesta del representante saharaui A. Bujari, “Ni posible ni justo”, EL PAÍS, 10 de agosto de 2002). La vía autonomista es firmemente defendida por B. López García, en los siguientes términos, dirigidos al Frente POLISARIO: "Tener en la mano la llave de la democratización del Reino alauí y esgrimirlo ante el sufrido pueblo marroquí bien puede valer apostar por la autonomía" (B. López García, “Difícil reconciliación en el Sahara”, EL PAÍS, 23 de julio de 2003).

65  Cfr. B. López García, “Empujón democrático en el Sahara”, EL PAÍS, 7 de septiembre de 2004, y del mismo autor, “El debate sobre el Sahara”, EL PAÍS, 21 de mayo de 2005. Más burdamente, y en fechas recientes (17 de julio de 2005), un grupo de “intelectuales marroquíes” hace un llamamiento a los intelectuales españoles a través un anuncio pagado en la prensa española, en el que denuncian que “la alineación sistemática de algunos intelectuales españoles, por otra parte movilizados contra el separatismo vasco, sobre las tesis de los separatistas del Polisario es incoherente y sufre un enfoque tendencioso”.

66  Se incorpora a este artículo el Manifiesto firmado hace ahora dos años por la inmensa mayoría de los internacionalistas españoles, por constituir la más ortodoxa expresión de la doctrina de las Naciones Unidas respecto de la forma en que se debería resolver la descolonización del Sahara Occidental. El manifiesto se hizo público días antes de que el Frente POLISARIO declarara estar dispuesto a explorar las posibilidades que ofrecía el Plan Baker II, en un momento que se adivinaba crucial, por la presencia de nuestro país en el Consejo de Seguridad. Obviamente, las decisiones políticas que pueda adoptar este movimiento de liberación nacional y los compromisos a que pueda llegar de cara a la resolución del conflicto meren todo nuestro respeto. Sin embargo, este documento es de carácter estrictamente jurídico, y pretende tan solo arrojar luz sobre algunas cuestiones que, con el paso del tiempo, algunas opiniones interesadas pretenden hacer olvidar. La relación de profesores firmantes figura en la dirección de Internet: http://www.sc.ehu.es/ziwqulof