UNA DOCUMENTACIÓN ESENCIAL PARA CONOCER EL SÁHARA OCCIDENTAL

Carlos Ruiz Miguel

Catedrático de Derecho Constitucional

Universidad de Santiago de Compostela

 
     
     

NACIONES UNIDAS

ASAMBLEA GENERAL

 

2625 (XXV). Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas

La Asamblea General,

     Recordando sus resoluciones 1815 (XVII) de 18 de diciembre de 1962, 1966 (XVIII) de 16 de di­ciembre de 1963, 2103 (XX) de 20 de diciembre de 1965, 2181 (XXI) de 12 de diciembre de 1966, 2327 (XXII) de 18 de diciembre de 1967, 2463 (XXIII) de 20 de diciembre de 1968 y 2533 (XXIV) de 8 de diciembre de 1969, en las que afirmó la importancia del desarrollo progresivo y la codificación de los prin­cipios de derecho internacional referentes a las rela­ciones de amistad y a la cooperación entre los Estados,

 

Habiendo examinado el informe del Comité Especial de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados 1, que se reunió en Ginebra del 31 de marzo al 1 de mayo de 1970,

 

Poniendo de relieve la suprema importancia de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y para el desarrollo de las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados,

 

Profundamente convencida de que la aprobación, con ocasión de la celebración del vigésimo quinto aniversario de las Naciones Unidas, de la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas contribuirá a fortalecer la paz mundial y constituirá un acontecimiento señalado en la evolución del derecho internacional y de las relaciones entre los Estados al promover el imperio del derecho entre las naciones y, en particular, la aplicación universal de los principios incorporados en la Carta,

 

Considerando la conveniencia de difundir ampliamente el texto de la Declaración,

 

1.        Aprueba la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, cuyo texto figura en el anexo a la presente resolución;

 

2. Expresa su reconocimiento al Comité Especial de los principios de derecho internacional referentes a

las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados por su labor, cuyo resultado ha sido la preparación de la Declaración;

 

   3. Recomienda que se realicen los mayores esfuerzos para que la Declaración sea de conocimiento general.

 

                                                                                                                                            18830. sesión plenaria,

                                                                                                                                            24 de octubre de 1970.

 

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo quinto periodo de sesiones, Suplemento No. 18 (A/8018).

 

 

ANEXO

 

DECLARACIÓN SOBRE LOS PBINCIPIOS DB DERECHO INTERNACIONAL REFERENTES A LAS RELACIONES DE AMISTAD Y A LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS DE CONFORMIDAD CON LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS PREAMBULO

 

La Asamblea General,

 

Reafirmando que conforme a la Carta de las Naciones Unidas entre los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas figura el mantenimiento de la paz y la seguridad inter­nacionales y el fomento de las relaciones de amistad y de la cooperaci6n entre  las  naciones.

 

Recordando que los pueblos de las Naciones Unidas están resueltos a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos,

 

Teniendo presente la importancia de mantener y fortalecer la paz internacional fundada en la libertad, la igualdad la justicia y el respeto de los derechos humanos fundamentales y de fomentar las relaciones de amistad entre las naciones independientemente de las diferencias existentes entre sus sis­temas políticos, económicos y sociales o sus niveles de desa­rrollo,

 

Teniendo presente además la suprema importancia de la Carta de las Naciones Unidas para fomentar el imperio del

Derecho entre las naciones.

 

Considerando que la fiel observancia de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados y al cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas por los Estados, de conformidad con la Carta, es de la mayor importancia para el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y para la realizaci6n de los demás propósitos de las Nacio­nes Unidas,

 

Observando que los grandes cambios políticos, económicos y sociales y el progreso científico que han tenido lugar en el mundo desde la aprobación de la Carta hacen que adquieran mayor importancia estos principios y la necesidad de apli­carlos de forma más efectiva en la conducta de tos Estados en todas las esferas,

 

Recordando el principio establecido de que el espacio ultra­terrestre incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de sobe­ranía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera, y cons­ciente de que en las Naciones Unidas se está considerando la cuestión del establecimiento de otras disposiciones pertinentes de inspiración similar.

 

Convencida de que el estricto cumplimiento por los Estados de la obligación de no intervenir en tos asuntos de cualquier otro Estado es condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones, ya que la práctica de cualquier forma de intervención además de violar el espíritu y la letra de la Carta, entraña la creación de situaciones que amenazan la paz Y la seguridad internacionales,

 

Recordando el deber de los Estados de abstenerse, en sus relaciones internacionales, de ejercer coerción militar, política, económica o de cualquier otra índole contra la independencia política o la integridad territorial de cualquier Estado,

 

Considerando que es indispensable que todos los Estados se abstengan  en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad terri­torial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas,

 

 Considerando que es indispensable igualmente que todos los Estados arreglen sus controversias internacionales por me­díos pacíficos de conformidad con la Carta.

 

Reafirmando de conformidad con la Carta, la importancia básica de la Igualdad soberana y subrayando que los propósi­tos de las Naciones Unidas sólo podrán realizarse si los Esta­dos disfrutan de igualdad soberana y cumplen plenamente las exigencias de este principio en sus relaciones internacionales.

 

Convencida de que la sujeción de los pueblos a la subyu­gación, dominación y explotación extranjeras constituye uno de los mayores obstáculos al fomento de la paz y la seguridad internacionales.

 

 Convencido de que el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos constituye una importante contribución al derecho internacional contemporá­neo, y de que su aplicación efectiva es de suprema importancia para fomentar entre los Estados las relaciones de amistad basadas en el respeto del principio de la igualdad soberana,

 

Convencida en consecuencia de que todo intento de quebrantar parcial o totalmente la unidad nacional y la integri­dad territorial de un Estado o país o su independencia política es incompatible con los propósitos y principios de la Carta,

 

Considerando las disposiciones de la Cana en su conjunto y teniendo en cuenta la función de las resoluciones pertinentes aprobadas por los órganos competentes de las Naciones Unidas en relación con el contenido de los principios,

 

Considerando que el desarrollo progresivo y la codificación de los siguientes principios:

 

a) El principio de que los Estados. en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al  uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cual­quier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas,

 

b) El principio de que los Estados arreglarán sus contro­versias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguri­dad internacionales ni la justicia,

 

e) La obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados de conformidad con la Carta,

 

    d) La obligación de los Estados de cooperar entre sí, con­forme a la Carta,

 

    e) El principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos,

 

    f) El principio de la igualdad soberana de los Estados.

 

    g) El principio de que los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ello de conformidad con la Carta,

 

     para conseguir su aplicación más efectiva dentro de la comu­nidad internacional, fomentarían la realización de los propó­sitos de las Naciones Unidas,

Habiendo considerado los principios de derecho internacio­nal referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados.

 

1.        Solemnemente proclama los siguientes principios:

 

    El principio de que los Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independen­cia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas

 

   Todo Estado tiene el deber de  abstenerse, en sus relacio­nes internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma in­compatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Tal amenaza o uso de la fuerza constituye una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y no se empleará nunca como medio para resolver cues­tiones internacionales.

 

   Una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz, que, con arreglo al derecho internacional, entraña res­ponsabilidad.

 

Conforme a los propósitos y principias de las Naciones Unidas los Estados tienen el deber de abstenerse de hacer propaganda en favor de las guerras de agresión.

 

Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para violar las fronteras internacionales existentes de otro Estado o como medio de resolver controversias internacionales, incluso las controver­sias territoriales y los problemas relativos a las fronteras de los Estados.

 

Asimismo, todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para violar las líneas internacionales de demarcación, tales como las líneas de armisticio, que se establezcan por un acuerdo internacio­nal del que sea parte o que esté obligado a respetar por otras razones, o de conformidad con ese acuerdo. Nada de lo anterior se interpretará en el sentido de que prejuzga las posiciones de las partes interesadas en relación con la condición y efectos de dichas líneas de acuerdo con sus regí­menes especiales, ni en el sentido de que afecta a su carác­ter temporal.

 

Los Estados tienen el deber de abstenerse de actos de represalia que impliquen el uso de la fuerza.

 

Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a "cualquier medida de fuerza que prive de su derecho a la libre determinación y a la libertad y a la independencia a los pueblos aludidos en la formulación del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación.

 

Todo Estado tiene el deber de abstenerse de organizar o fomentar la organización de fuerzas irregulares o de bandas armadas, incluidos los mercenarios, para hacer in­cursiones en el territorio de otro Estado.

 

Todo Estado tiene el deber de abstenerse de organizar, instigar, ayudar o participar en actos de guerra civil o en actos de terrorismo en otro Estado o de consentir activida­des organizadas dentro de su territorio encaminadas a la comisión de dichos actos, cuando los actos a que se hace referencia en el presente párrafo impliquen el recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza.

 

El territorio de un Estado no será objeto de ocupación militar derivada del uso de la fuerza en contravención de las disposiciones de la Carta. El territorio de un Estado no será objeto de adquisición por otro Estado derivada de la amenaza o el uso de la fuerza. No se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o el uso de la fuerza. Nada de lo dispuesto anteriormente se interpretará en un sentido que afecte:

 

a) Las disposiciones de la Carta o cualquier acuerdo in­ternacional anterior al régimen de la Carta y que sea válido según el derecho internacional; o

 

b) Los poderes del Consejo de Seguridad de conformidad con la Carta.

 

Todos los Estados deberán realizar de buena fe negocia­ciones encaminadas a la rápida celebración de un tratado universal de desarme general y completo bajo un control internacional eficaz, y esforzarse por adoptar medidas ade­cuadas para reducir la tirantez internacional y fortalecer la confianza entre los Estados.

 

Todos los Estados deberán cumplir de buena fe las obli­gaciones que les incumben en virtud de los principios y normas generalmente reconocidos del derecho internacional con respecto al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y tratarán de aumentar la eficacia del sis­tema de seguridad de las Naciones Unidas basado en la Carta.

 

Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se interpretará en el sentido de que amplía o disminuye en forma alguna el alcance de las disposiciones de la Carta relativas a los casos en que es legitimo el uso de la fuerza. El principio de que los Estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en  peligro ni la paz y la seguridad interna­cionales ni la justicia.

 

Todos los Estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pon­gan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.

 

Los Estados, en consecuencia, procurarán llegar a un arreglo pronto y justo de sus controversias internacionales mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a los organismos o sistemas regionales u otros medios pacíficos que ellos mismos elijan. Al procurar llegar a ese arreglo las partes convendrán en valerse de los medios pacíficos que resulten adecuados a las circunstancias y a la naturaleza de la controversia.

 

Las partes en una controversia tienen el deber, en caso de que no se logre una solución por uno de los medios pacíficos mencionados, de seguir tratando de arreglar la controversia por otros medios pacíficos acordados por ellas.

 

Los Estados partes en una controversia internacional, así como los demás Estados, se abstendrán de toda medida que pueda agravar la situación al punto de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y obrarán en conformidad con los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

 

El arreglo de las controversias internacionales se basará en la igualdad soberana de los Estados y se hará conforme al principio de libre elección de los medios. El recurso a un procedimiento de arreglo aceptado libremente por los Estados, o la aceptación de tal procedimiento, con respecto a las controversias existentes o futuras en que sean partes, no se considerará incompatible con la igualdad soberana.

 

Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes prejuzga o deroga las disposiciones aplicables de la Carta, en particular las relativas al arreglo pacífico de controversias internacionales.

 

               El principio relativo a la obligaci6n de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta

 

Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a inter­venir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de ningún otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del derecho internacional.

 

Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medi­das económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él venta­jas de cualquier orden. Todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, insti­gar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en las luchas interiores de otro Estado.

 

El uso de la fuerza para privar a los pueblos de su iden­tidad nacional constituye una violación de sus derechos inalienables y del principio de no intervención.

 

Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir sus sistema político,  económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado.

 

 

Nada en los párrafos precedentes deberá interpretarse en el sentido de afectar las disposiciones pertinentes de la Carta relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad inter­nacionales.

 

                                               La obligación de los Estados de cooperar entre sí, de conformidad con la Carta

 

    Los Estados tienen el deber de cooperar entre sí, independientemente de las diferencias en sus sistemas políticos, económicos y sociales, en las diversas esferas de las relacio­nes internacionales a fin de mantener la paz y la seguridad internacionales y de promover la estabilidad y el progreso de la economía mundial, el bienestar general de las nacio­nes y la cooperación internacional  libre de toda discriminación basada en esas diferencias.

 

A este fin:

a) Los Estados deben cooperar con otros Estados en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales;

b) Los Estados deben cooperar para promover el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos y libertades, y para eliminar todas las formas de discrimi­nación racial y todas  las formas de intolerancia religiosa;

 

c) Los Estados deben conducir sus relaciones internacio­nales en las esferas económica, social, cultural, técnica y comercial, de conformidad con los principios de la igualdad soberana y la no intervención;

 

d) Los Estados Miembros de las Naciones Unidas tienen el deber de adoptar medidas, conjunta o separadamente, en cooperación con las Naciones Unidas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Carta.

 

Los Estados deben cooperar en las esferas económica, social y cultural, así como en la esfera de la ciencia y la tecnología, y promover el progreso de la cultura y la ense­ñanza en el mundo. Los Estados deben cooperar para pro­mover el crecimiento económico en todo el mundo, particu­larmente en los países en desarrollo.

 

El principio de la igualdad de derechos y de laVVlibre determinación de los pueblos

 

En virtud del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de procurar su desarrollo económico, social y cultural, y  todo Estado tiene el deber de respetar esto derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta.

 

Todo Estado tiene el deber de promover, mediante ac­ción conjunta o individual, la aplicación del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de conformidad con las disposiciones de la Cana, y de prestar asistencia a las Naciones Unidas en el cum­plimiento de las obligaciones que se le encomiendan por la Carta respecto de la aplicación de dicho principio, a fin de:

 

     a) Fomentar las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados; y

 

        b) Poner fin rápidamente al colonialismo, teniendo de­bidamente en cuenta la voluntad libremente expresada

         de los pueblos de que se trate;

 

y teniendo presente que el sometimiento de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras consti­tuye una violación del principio, así como una denegación de los derechos humanos fundamentales, y es contraria a la Carta.

 

Todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, el respeto universal  a  los derechos humanos y a las libertades fundamentales y la efectividad de tales derechos y libertades de conformidad con la Carta.

 

El establecimiento de un Estado soberano independiente, la libre asociación o integración con un Estado indepen­diente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo constituyen formas del ejercicio del derecho de libre determinación de ese pueblo.

 

Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive a los pueblos antes aludidos en la formulación del presente principio de su derecho a la libre determinación y a la libertad y a la independencia. En los actos que rea1icen y en la resistencia que opongan contra esas medidas de fuerza con el fin de ejercer su derecho a la libre determinación, tales pueblos podrán pedir y   recibir apoyo de conformidad  con los propósitos y principios de la Carta.

El territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de la Carta, una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que lo adminis­tra; y esa condición jurídica distinta y separada conforme a la Carta existirá hasta que el pueblo de la colonia o el territorio no autónomo baya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta Y. en particu­lar, con sus propósitos y principios.

Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta ac­ción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados sobe­ranos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descrito y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color.

 

Todo Estado se abstendrá de cualquier acción dirigida al quebrantamiento parcial o total de la unidad nacional e integridad territorial de cualquier otro Estado o país.

 

El principio de la igualdad soberana de los Estados

 

            Todos los Estados gozan de igualdad soberana. Tienen iguales derechos e iguales deberes y son por igual miembros de la comunidad internacional, pese a las diferencias de orden económico, social, político o de otra índole.

            En particular, la igualdad soberana comprende los ele­mentos siguientes:

 

            a) Los Estados son iguales jurídicamente;

 

            b) Cada Estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía;

 

            c) Cada Estado tiene el deber de respetar la personali­dad de los demás Estados;

 

            d) La integridad territorial y la independencia política del Estado son inviolables;

 

e) Cada Estado tiene el derecho a elegir y a llevar ade­lante libremente su sistema político, social, económico y cultural;

 

f) Cada Estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones internacionales y de vivir en paz con los demás Estados.

 

El principio de que los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta

 

            Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones que ha contraído en virtud de la Carta de las Naciones  Unidas.

 

Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas en virtud de los principios y normas de derecho internacional generalmente reconocidos.

 

Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales válidos con arreglo a los principios y normas de derecho internacional generalmente reconocidos.

 

 

Cuando las obligaciones derivadas de acuerdos interna­cionales estén en pugna con las obligaciones de los Miem­bros de las Naciones Unidas en virtud de la Carta, preva­lecerán estas últimas.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

2.        Declara que:

 

Por lo que respecta a su interpretación y aplicación, los principios que anteceden están relacionados entre sí y cada uno de ellos debe interpretarse en el contexto de los restantes.

 

Nada de lo enunciado en la presente Declaración se inter­pretará en forma contraria a las disposiciones de la Carta o en perjuicio de los derechos y deberes de los Estados Miem­bros en virtud de la Carta o de los derechos de los pueblos en virtud de la Carta, teniendo en cuenta la formulación de esos derechos en la presente Declaración.

 

3.        Declara además que:

 

    Los principios de la Carta incorporados en la presente Declaración constituyen principios básicos de derecho inter­nacional y, por consiguiente, insta a todos los Estado., a que se guíen por esos principios en su comportamiento interna­cional y a que desarrollen sus relaciones mutuas sobre la base del estricto cumplimiento de esos principios.